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En 2007, el gobierno federal no alcanzó la meta del Programa Nacional Forestal para replantar 400 mil hectáreas en todo el país; aún así, el objetivo se incrementó en 160 mil más, “para justificar el compromiso que el Ejecutivo Federal asumió ante la ONU en el marco del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente”.

De 400 mil hectáreas comprometidas inicialmente, se reforestaron 341 mil, ni una más.

Así lo señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en sus evaluaciones a la Cuenta Pública 2007, en las que señala manipulación de cifras, alteración de resultados y hasta discrecionalidad en el manejo de los programas en estados.

El 14 de enero de 2009, EL UNIVERSAL publicó que el programa ProÁrbol, impulsado por el presidente Felipe Calderón, no había rendido frutos, pues más de la mitad de lo plantado no fueron árboles, sino cactáceas, y 90% de lo sembrado en 2007 había muerto.

La auditoría al desempeño y cumplimiento financiero de los programas de la Secretaría de Medio Ambiente en 2007, cuyos resultados fueron entregados ayer por la ASF a los diputados, evidencia que con el fin de justificar el incumplimiento de las metas pactadas con la ONU, se dio una cifra final de reforestación con base en la siembra de plántulas —una planta en sus primeras fases de desarrollo—, saldos de ejercicios anteriores y otros programas.

De 713 predios beneficiados para su reforestación sólo 10% tuvo visitas de verificación, y la ASF señala que el incumplimiento del programa no tiene que ver con falta de recursos, sino con carencia de capacidad técnica para enfrentar “un compromiso desproporcionado”.

En el caso de ProÁrbol, la Comisión Nacional Forestal omitió reportar 518 mil pesos en la Cuenta Pública por apoyos entregados a beneficiarios de compensación ambiental por cambio de uso de suelo.

Se detectaron también beneficiarios que recibieron apoyos por 21 millones de pesos y no comprobaron que los recursos se hayan aplicado en proyectos, pues ni siquiera se presentaron los reportes de bienes que estaban comprometidos a adquirir.

“Los convenios de adición que suscribió la Comisión Nacional Forestal y los beneficiarios de los apoyos, fueron fundamentados incorrectamente y los expedientes de los apoyos otorgados presentaron deficiencias en su integración”, señala el documento.

La Comisión Nacional Forestal no cumplió con tres de los nueve indicadores en la conservación y restauración de suelos forestales, pues sólo alcanzó 23% de lo programado.

ProÁrbol apoya al sector forestal con estímulos a dueños de predios que protejan, conserven, restauren y aprovechen de manera sustentable los recursos en bosques, selvas y zonas áridas; mientras que el Programa Nacional Forestal busca la productividad óptima de los recursos forestales para beneficio de la sociedad, sin comprometer el integridad de ecosistemas.

La ASF alertó sobre la falta de autorización en algunas operaciones internas del programa. Por ello, sólo a ProÁrbol, la ASF aplicó 11 observaciones, que deberán corregirse en los próximos 45 días.

En el resultado de la revisión de desempeño al Programa Nacional Forestal, la Auditoría reportó que no se alcanzó la meta de reforestación 2007, y los compromisos con la ONU hicieron que la Comisión Nacional Forestal quedara limitada en capacidad operativa.

“A fin de justificar el incumplimiento, la Comisión Nacional Forestal presentó una cifra que incluso rebasó la meta de sembrar árboles, pero que se refiere a un concepto más amplio: el de plantas sembradas.

“Las plántulas sembradas fueron 322 millones 319 mil 970, que incluyen 186 millones 316 mil 76 de viveros, 16 millones 447 mil 28 de saldos disponibles de ejercicios anteriores, y 119 millones 556 mil 866 plantas que fueron sembradas mediante la propagación vegetativa, es decir, la siembra de hijuelos de especies desérticas y semidesérticas”.

La ASF refiere que en Chiapas y Tabasco las metas se cumplieron por entre 72% y 83%, cifras inconsistentes con los resultados finales ofrecidos en la Cuenta Pública 2007.

En otro caso, se reportó que muchos solicitantes de beneficios de programas fueron rechazados sin ni explicarles el porque, por el contrario, “se reflejó la discrecionalidad en el otorgamiento de los apoyos y la falta de transparencia del proceso”.