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MONTERREY, NL.— Lujosas camionetas irrumpieron los primeros días de febrero en las calles polvorientas de la colonia Las Sabinitas, a las orillas de los municipios metropolitanos Guadalupe y Benito Juárez. Sus tripulantes ofrecían a la gente celulares, despensas, juguetes, mochilas y útiles escolares, y dinero en efectivo a cambio de manifestarse públicamente contra el Ejército mexicano, bloqueando la avenida Constitución, la principal vía rápida que atraviesa el Centro de Monterrey.

En particular, a las señoras les darían mil pesos, más 500 si llevaban a sus niños, y para los jóvenes la oferta variaba entre 200 y 500 pesos. El dinero les sería entregado al día siguiente de que se manifestaran.

La escena se reprodujo los días posteriores en la colonia 21 de Marzo, otro barrio marginado —creado en los patios de las estaciones de ferrocarril, en la periferia de la zona centro—, así como en las colonias Moderna e Independencia, territorio de diversas pandillas. En este caso, los jóvenes serían los más entusiastas durante las manifestaciones.

Así fueron reclutados quienes más tarde serían llamados Los Tapados.

Lecciones para protestar

A quienes aceptaron, los “operadores” tuvieron que adiestrarlos, dictándoles consignas y leyendas en mantas, y no hablar con periodistas, además de advertirles que no tendrían problemas con la policía, pues ésta no actuaría en su contra. Durante más de una semana que duraron los bloqueos (a mediados del mes pasado) llegaron a movilizarse cerca de 3 mil personas, que fueron transportadas cada día desde sus colonias, en grupos de cinco y 10, a bordo de camiones, taxis y autos particulares. Los primeros cierres viales sorprendieron a automovilistas, autoridades y una sociedad que, a diferencia de otras en el país, desconocía este tipo de manifestaciones.

“Fuera los Soldados”, “Queremos Pas, fuera el ejercito”, “Nos asustan los soldados”, “Se meten a nuestras casas a robar”, rezaban las ingenuas pancartas de aquellos manifestantes. Si tales consignas se hubieran dirigido a los corruptos agentes de La Regia —como se conoce popularmente a la Policía Municipal— nadie duraría de su legitimidad. Pero en Monterrey si bien el Ejército patrulla calles y esporádicamente coloca retenes, no realiza operativos en zonas marginadas; regularmente catea residencias de San Pedro —municipio con mayores ingresos de América Latina—, donde viven los ejecutivos de Cemex, Alfa, Femsa y Vitro, quienes ahora tienen de vecinos a las familias de barones del narcotráfico.

“Nunca hemos realizado operativos en la colonia Las Sabinitas”, aseguró a EL UNIVERSAL un oficial designado por la Séptima Zona Militar para responder a las denuncias contra el Ejército. Además, atribuyó las protestas a que éste “se ha convertido en el enemigo número uno de los narcotraficantes que operan en Nuevo León”.

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de 2008 a la fecha se presentaron sólo 33 denuncias contra militares, que son pocas comparadas con las más de 250 contra corporaciones policiacas ministeriales, estatales y del municipio de Monterrey.

“Traidores” con uniforme

Pero lo que más sorprendió al secretario de Seguridad Pública estatal, Aldo Fasci Zuazua, y a los mandos del Ejército mexicano fue descubrir que quienes operaron parte de la logística para las protestas de Los Tapados fueron policías estatales y municipales vinculados al grupo criminal de Los Zetas, grupo que controla las actividades criminales en el estado.

El oficial de la séptima Zona Militar informó que tuvieron evidencia de lo anterior cuando el 26 de febrero fueron detenidos siete agentes preventivos del municipio de Salinas Victoria —a 25 kilómetros de Monterrey—, a raíz de una denuncia en su contra por secuestro. “Por información proporcionada por los presuntos secuestradores, el personal militar se trasladó al número 530 de la calle Allende, de ese municipio”. Se trataba de una “casa de seguridad y bodega de reparto de diversos artículos para las personas que participaron en las manifestaciones en contra del Ejército”.

Ente otras cosas, los militares hallaron “tres antenas para comunicación tipo yagui” que permitían el enlace entre Los Zetas, aparte de 214 muñecos de peluche, 102 mochilas escolares con ruedas, 46 espadas de plástico y 99 paquetes con 20 llaveros cada uno. Días antes los militares habían capturado a Juan Antonio Beltrán Cruz, El Keko, quien confesó ser miembro del cártel del Golfo y tener 70 mochillas con artículos escolares que serían repartidos entre los manifestantes reclutados en colonias proletarias de Monterrey.

La colaboración de los policías municipales de Monterrey en las protestas fabricadas por los narcotraficantes quedó evidenciada al descubrirse que cuando las fuerzas federales capturaban a los manifestantes y los entregaban a los agentes de La Regia, éstos los ponían en libertad. Las cadenas de televisión locales mostraron el caso de una mujer detenida por la Policía Federal Preventiva y entregada a la policía local, que un par de horas después reapareció en otro bloqueo vial.

“Lamentablemente tenemos traidores que están utilizando su cargo para ayudar a la delincuencia organizada”, lamentó Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública estatal, al reconocer que los mismos policías fueron quienes operaron las protestas orquestadas por la delincuencia organizada. “Por complicidad u omisión”, añadió, muchos policías no actuaron contra los manifestantes, a pesar que habían transgredido la ley, por ejemplo, disparando en contra de periodistas.

Tropas de la delincuencia

Fasci Zuazua refirió que la policía a su mando tuvo que actuar “con mucho cuidado” al contener a los manifestantes, porque las primeras barreras eran formadas por mujeres y niños, y tenían reportes de que los jóvenes reclutados buscarían que la confrontación se salieran de control y hubiera heridos e incluso muertos.

Al respecto, el funcionario estatal destacó que el principal instrumento de provocación son las pandillas manejadas por los cárteles de la droga. En la zona metropolitana de Monterrey actúan más de 30 mil pandilleros, algunos de los cuales “son los semilleros de la delincuencia organizada; tenemos ubicadas a 20 pandillas que son controladas por el narcotráfico”.