CHILPANCINGO, Gro.— Familiares de los ocho militares decapitados el 21 de diciembre de 2008 en esta ciudad no quieren referirse a las causas ni las investigaciones ministeriales para determinarlas. Prefieren limitarse a tratar el tema de las pensiones a las que tienen derecho, aunque advierten que, dos meses después, el trámite en este caso tampoco avanza.

La noche del 20 de diciembre de 2008, en una especie de cacería, presuntos sicarios del crimen organizado secuestraron al capitán segundo de infantería, Ervin Hernández Umaña; el cabo de infantería Juan Muñoz Morales; el soldado raso Julián Teresa Cruz; el soldado Catarino Morales; el sargento primero de Informática Juan Humberto Tapia, y al sargento segundo de jardinería Ricardo Marcos Chino, así como a otros dos militares, cuando salían francos de las instalaciones del 50 batallón de Infantería de la 35 Zona Militar, con sede en esta ciudad.

Aparentemente nadie se enteró, hasta que al día siguiente sus cuerpos fueron hallados al norte del tramo de la autopista Cuernavaca-Acapulco y las cabezas en el costado sur.

No es un asunto del que alguien quiera hablar abiertamente en esta ciudad, pero fuentes de las procuradurías General de la República (que atrajo el caso) y General de Justicia Militar precisan que no hay logros significativos ni se conoce el móvil por el cual fueron asesinados los militares, como tampoco, que se conozca, personas detenidas o procesadas.

El 22 de diciembre, en el homenaje póstumo a los ocho soldados en las instalaciones de la 35 Zona Militar, encabezado por el titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, y el de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el comandante de la 9 Región Militar (con sede en Acapulco), Enrique Alonso Garrido Abreu, condenó el crimen y ofreció “todo el apoyo” a los familiares de las víctimas.

“La pérdidas humanas jamás podremos compensarlas, por eso queremos manifestarles nuestra solidaridad diciéndoles que estamos en la mejor disposición para hacerles llegar todos aquellos beneficios que nuestra legislación prevé para estos indeseables momentos, incluyendo el apoyo de seguridad social que cada uno tenga derecho”, prometió públicamente.

Los deudos, sin embargo, informaron a EL UNIVERSAL que el trámite de las pensiones lo lleva “la oficina de Justicia Militar” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la ciudad de México, pero “todavía no se define, no nos han entregado nada todavía”.

Acogiéndose al anonimato, aseguran que “nos prohibieron” dar información sobre el avance del trámite para obtener las pensiones, aunque dicen no desconfiar de la Sedena, porque “sería como desconfiar de los padres de nuestros hijos; esperamos que pronto se comuniquen con nosotros”.