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La Procuraduría General de la República (PGR) tiene en curso una cifra récord de investigaciones por lavado de dinero. Actualmente mantiene 450 indagatorias, mientras que entre 2004 y 2007 consignó 149.

Pese al alto número de investigaciones, el promedio de sentencias que el gobierno logra para castigar este delito es muy bajo, y las condenas, salvo algunas excepciones, son reducidas.

Por ejemplo, un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que pese a la expansión del tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado en México, los delitos del lavado de dinero no han sido adecuadamente investigados, pues las autoridades mexicanas solamente han obtenido 25 sentencias condenatorias por este ilícito desde 1989 a 2007; 14 de ellas fueron dictadas en 2007.

Cifras de la propia PGR revelan que la mayoría de las sentencias obtenidas en 2007 por el delito de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) deriva de la detención de personas con fuertes cantidades de dinero, en aeropuertos del país, durante operativos contra el crimen organizado, o bien por denuncias anónimas.

En consecuencia, las sentencias son, generalmente, bajas, pues en estos casos se tipifican modalidades como el transporte o la custodia de dinero y sólo en casos claramente vinculados con alguna organización delictiva, se consigna por delincuencia organizada, ilícito que tiene una penalidad mayor.

Es el caso de Israel Clemente González, detenido el 4 de enero de 2006, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando llegaba en un vuelo procedente de Tijuana, Baja California, con 725 mil 594 dólares americanos ocultos en su equipaje.

Clemente González fue sentenciado a siete años de prisión y una multa de 97 mil pesos por transportar recursos de procedencia ilícita con el fin de ocultar su origen.

Un caso similar es el de María Clemencia Uribe de Trujillo, de nacionalidad colombiana, y la venezolana Laura Patricia dos Ramos Orozco, también detenidas en el AICM en 2005 y 2006 cuando pretendían viajar con destino a Colombia y Panamá, respectivamente.

Uribe llevaba ocultos 855 mil 379 dólares en el interior de accesorios automotrices, mientras Dos Ramos intentaba sacar del país 110 mil 366 dólares en el doble fondo de su maleta. La ciudadana colombiana fue sentenciada a siete años dos meses y 18 días de prisión, y al pago de 70 mil 200 pesos de multa, mientras a Dos Ramos se le impusieron cinco años tres meses y una multa de 48 mil 670 pesos.

Entre las investigaciones en curso, destaca la iniciada en contra del ciudadano mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon tras el aseguramiento de 205 millones de dólares en una casa de su propiedad en Las Lomas de Chapultepec.

La PGR también tiene en curso indagatorias contra presuntos integrantes de los carteles de Sinaloa o del Pacífico, el Golfo y La Familia derivadas también de la incautación de fuertes sumas de dinero en divisas o de la detención de algunos integrantes de estas organizaciones.

Respecto del cartel del Pacífico, la PGR investiga por lavado de dinero a Sandra Ávila Beltrán, la llamada Reina del Pacífico y Jesús Raúl Beltrán Uriarte, conocido como El Tío, presunto lugarteniente de Ignacio Coronel.

Los montos del blanqueo

Aunque la PGR, calcula que en el país se podrían lavar unos 10 mil millones de dólares por año, cifras de organismos financieros internacionales y de expertos en materia de blanqueo de activos advierten que el monto de dinero sucio que el crimen organizado hace circular por las arterias del sistema financiero mexicano va de los 25 mil a los 45 mil millones de dólares al año.

“En general, el lavado de dinero se estima aproximadamente entre 2% y 5% del Producto Interno Bruto de un país. Siendo México una nación con alto nivel de corrupción y narcotráfico, podemos esperar que el monto sea cerca del estimado alto, es decir el 5% del PIB”, detalló Saskia Rietbroek, socia de la firma No Money Laundering en Estados Unidos.

Esto significa “que alrededor de 45 mil millones de dólares en dinero sucio al año pasa por bancos, casas de cambio, casas de bolsas, empresas de seguros, etcétera”, detalló la ex directora ejecutiva de la Asociación de Especialistas de Antilavado de Dinero de Estados Unidos.

Según el Reporte Internacional del Control Estratégico de Drogas., elaborado por del Departamento de Estado norteamericano se calcula que desde 2003 cerca de 22 mil millones de dólares han sido repatriados a México desde EU por los cárteles de la droga.

Estimaciones del FMI calculan que en México se lavan entre ocho mil y 25 mil millones de dólares al año.

La PGR tiene un cálculo de 10 mil millones de dólares, basado en el monto de las operaciones de intercambio financiero con Estados Unidos que no tienen una explicación legal.

Las críticas

Las investigaciones por lavado de dinero realizadas por el gobierno mexicano han sido recientemente objeto de críticas por parte del Fondo Monetario Internacional.

En un reporte difundido en enero, el FMI reconoce avances en la estrategia mexicana de combate al lavado de dinero, pero considera que las consecuencias de las actividades del crimen organizado no han sido debidamente investigadas.

“Las leyes que criminalizan el lavado de dinero y las agresiones terroristas son integrales, pero no alcanzan completamente los parámetros internacionales, y hay una oportunidad para mejorar sus implementaciones”, precisa el informe Evaluación detallada sobre acciones contra el lavado de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo.

Señala que pese a la expansión del tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado, los delitos del lavado de dinero no han sido adecuadamente investigados, pues las autoridades mexicanas solamente han obtenido 25 sentencias por este ilícito desde 1989, cuando se tipificó el lavado de dinero como delito. Todas las sentencias fueron obtenidas entre 2004 a 2007.

En el mismo periodo, la PGR consignó 149 investigaciones por este delito, de las cuales en 30 casos se han obtenido fallos judiciales: 25 sentencias condenatorias y cinco absoluciones. Respecto de las investigaciones que la PGR tiene en curso por lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita), la mayor parte está relacionada con delitos en flagrancia, es decir, aseguramiento de dinero y detenciones en operativos policiacos o militares, y casi ninguna con el intercambio de información de inteligencia con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Actualmente, destaca el reporte del FMI, las unidades de inteligencia carecen de acceso directo a los expedientes judiciales debido a restricciones legales, como la reserva de las averiguaciones previas.

Por ello, el Fondo expresa la necesidad de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las unidades de inteligencia de la Secretaría de Hacienda trabajen coordinadamente para garantizar el acceso “puntual, total y seguro” a los reportes de operaciones sospechosas que provengan de los centros de cambio y de negocios.

El documento también cita la insuficiencia de recursos asignados a las unidades de investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y de inteligencia financiera, como una de las causas determinantes en la insuficiencia del combate al lavado de dinero.