Presunta negligencia de servidores en avionazo: SCT
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reveló que podría haber servidores públicos implicados que actuaron con negligencia en el proceso de licitación y otorgamiento de licencias para la tripulación del Learjet 45, avión en el que murió el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el pasado 4 de noviembre.
Luis Téllez Kuenzler dijo que la dependencia a su cargo colaborará en todo lo que solicite la Secretaría de la Función Pública (SFP) para deslindar responsabilidades, y que si se confirman éstas “atribuibles a servidores públicos, actuaremos en consecuencia”, comentó.
Como parte del seguimiento de las investigaciones del accidente, el titular de la SCT dijo que uno de los pilotos obtuvo la revalidación de la licencia mediante procedimientos presuntamente irregulares, realizados por un centro de capacitación aeronáutico en el aeropuerto de Toluca.
En esta terminal aérea se obtuvo la validación por algún servidor público adscrito a la comandancia que en ese momento se encontraba a cargo del aeropuerto, aseguró Téllez Kuenzler.
El 4 de noviembre se desplomó en la zona de las Lomas de Chapultepec el Learjet 45 XC-VMC, donde viajaba Mouriño, el ex subprocurador de la PGR, José Luis Santiago Vanconcelos, y otros 7 servidores públicos que regresaban de San Luis Potosí.
Por mandato presidencial, se designó a Luis Téllez encabezar las investigaciones sobre las causas del percance, para después proceder conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Durante el proceso, las autoridades a cargo descartaron el sabotaje en la operación de la aeronave, y aseguraron que debido a la turbulencia que generó el avión que antecedió al Learjet en las maniobras de aproximación al aeropuerto de la ciudad de México, los pilotos perdieron el control de la aeronave, que finalmente se desplomó a una velocidad de 500 kilómetros por hora.
En conferencia de prensa en la SCT, Téllez Kuenzler explicó que interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para deslindar responsabilidades en el accidente aéreo.
Téllez comentó que la investigación iniciada por la SCT dio como resultado la detección de diversas irregularidades en la certificación de pilotos aviadores, así como irregularidades en el proceso de licitación.
Precisó que la SCT observó que en la licitación para dar ser vicios de mantenimiento al avión Learjet 45 XC-VCM, emitida por la Secretaría de Gobernación, no se exigió la licencia de operación del taller, ni se pidió un mínimo de horas de vuelo de los pilotos.
Téllez declinó dar nombres de funcionarios, pilotos o empresas involucradas, debido a que, según él, quedan a reserva de la investigación que iniciará la SFP.
Sin embargo, Humberto Treviño, subsecretario de Comunicaciones, aseguró que la empresa Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva (Cesae), que operaba el avión donde viajaba Mouriño, puede ser sancionada.
En el Foro Anual de Líderes de las Aerolíneas, en Cancún, Treviño comentó que no sabe si Cesae tiene contratos con otras dependencias de gobierno, pero aseguró que “tienen muchos clientes muy importantes, pero los tienen en servicios de mantenimiento de aeronaves, servicios de operación de aeronaves, según sabemos la única dependencia que tiene es la Secretaría de Gobernación”.
Téllez, por su parte, expresó también que lo hechos revelados en la transcripción de la grabación de voz mostraron la falta de familiaridad de la tripulación con los instrumentos en cabina.
En cuanto al proceso de certificación de capacidades para volar el Learjet 45, también se detectaron anomalías, dijo.
Una de ellas, que uno de los pilotos fue incorporado al sistema de licencias sin tener certificación obligatoria para ello, comentó el funcionario.
En conferencia con medios nacionales e internacionales, Téllez manifestó que el gobierno federal solicitó a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dos auditorías, una específica sobre las condiciones de control de tránsito aéreo al momento del percance y otra sobre la situación y la infraestructura de control aéreo en todo el país.
La denuncia de la SCT se presentó ante Elizabeth Yáñez Robles, subsecretaria de atención ciudadana y Normatividad, de la Secretaría de la Función Pública. (Con información de Aida Ulloa)