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MORELIA, Mich.— La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tiene como una línea de investigación del atentado del 15 de septiembre, la posibilidad de un ataque directo al gobernador Leonel Godoy o alguno de sus más cercanos colaboradores.

La SIEDO también busca verificar si los sicarios que lanzaron la granada a menos de 30 metros del balcón donde el gobernador presidió los festejos por la Independencia, actuaron por incumplimiento de pactos de funcionarios con grupos del crimen organizado.

Godoy compartía el palco principal con el representante de la 21 zona militar, Jesús Ballesteros Topete; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Fernando Arreola; el presidente del Congreso local, Cuitláhuac Farías, y el alcalde de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, todos con sus respectivas esposas.

En los otros balcones estaban los principales colaboradores del gobierno de Godoy, incluido el senador Antonio Soto, entre otros miembros de la clase política de Michoacán. La SIEDO revisa incluso la lista de invitados al palacio de gobierno.

Las indagaciones de los fiscales federales buscan antecedentes sobre posibles inversiones de grupos delictivos en campañas políticas de agosto a noviembre del 2007, en especial en municipios considerados “altamente sensibles” por la presencia del narcotráfico.

En este contexto, el diputado local y presidente de la fracción del PRD en el Congreso local, Raúl Morón Orozco, reveló que Leonel Godoy sí ha recibido amenazas de muerte, como alcaldes y diputados locales. Incluso, en un comunicado oficial de su fracción dio a conocer que las amenazas de atentados con bombas aquí sumaron 10 sólo en un día.

Sobre el informe de EL UNIVERSAL respecto a que en al menos una veintena de municipios existía una red de protección política y policiaca a La Familia, fiscales federales consideraron correcto el contenido del informe, e incluso en algunas consideraciones se habría “quedado corto” el documento.

Al respecto, entrevistado en la ciudad de México, Godoy señaló que la Procuraduría General de la República debe investigar si La Familia tendió una red de protección que involucra a alcaldes estatales.

A su llegada a Palacio Nacional, donde se dio la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, Godoy subrayó que mientras no haya pruebas contra ediles no los puede culpar con información o filtraciones.

Resaltó que su gobierno estará pendiente sobre este asunto.

Nuevas declaraciones

Los fiscales federales encargados de las pesquisas volverán a declarar a los más de 100 lesionados y testigos que interrogó la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJM), con lo cual prácticamente reharán la investigación, cuyo desglose entregaron hace tres días a la PGR las autoridades locales.

Los ministerios públicos federales cotejarán las primeras declaraciones de los testigos con las nuevas, y las confrontarán con los dictámenes periciales y la mecánica de los hechos del 15 de septiembre.

En las próximas horas se pedirá a la PGJEM la lista de policías y la bitácora que debían cumplir en los festejos patrios, con el fin de analizar si cumplieron sus tareas o alguno tuvo comportamiento extraño.

La SIEDO determinará dónde estaba cada oficial al momento del ataque, con el fin de explicar cómo actuó cada uno de ellos durante y después de los atentados, ya que los sicarios que burlaron la seguridad del evento huyeron sin ningún problema disfrazados de policías frente a ellos.