A raíz de la reciente reforma penal, la Constitución permite que el gobierno pueda asegurar los bienes de quienes forman parte del crimen organizado, a fin de que los mismos pasen a ser propiedad de la nación. Mediante la reforma, aprobada en el primer periodo de sesiones del Congreso de la Unión y los congresos estatales, se creó lo que se conoce como “la Extinción de Dominio”. Esta figura jurídica, en esencia, permite a un juez ordene que “los bienes económicos que hayan sido instrumento, objeto o producto de la delincuencia organizada, o que hayan sido utilizados para ocultar o mezclar bienes ilícitos —sin importar a nombre de quién estén—, pasen a ser propiedad del Estado y sean utilizados para financiar la lucha contra el crimen, así como servicios médicos y sociales”. Para que estas medidas recién incluidas en la Constitución puedan aplicarse es necesario que primero se creen leyes secundarias en las que se fijen y establezcan las reglas conforme a las cuales se realizará el decomiso de bienes de la delincuencia a favor del Estado mexicano.