BUENOS AIRES.— Crímenes con el sello de la mafia, feroces sicarios que hacen su trabajo con un profesionalismo casi desconocido en estas tierras, asesinatos por ajuste de cuentas, suicidios cargados de incógnitas, dinero de dudoso origen financiando la campaña de la presidenta Cristina Kirchner y funcionarios políticos involucrados en la trama, completan un panorama que hasta hace algunas semanas era desconocido en Argentina, nación que era considerada sólo como un puerto de tránsito en materia de drogas.

Pero algo comenzó a cambiar en el panorama delictivo local cuando el pasado 18 de julio, en la localidad bonaerense de Ingeniero Maswichtz, la policía desbarató el primer laboratorio de drogas sintéticas, con nueve narcos mexicanos detenidos, todos originarios de León, Guanajuato, y presumiblemente miembros del cártel de Sinaloa.

A partir de entonces, una serie de hechos conexos tienen alterada a la opinión pública, a los investigadores y al gobierno, por las evidencias de que el narcotráfico habría llegado para quedarse.

Seis días después, dos narcos colombianos, vinculados a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según informaron las autoridades colombianas, aparecieron asesinados en el estacionamiento del centro comercial Unicenter. Dos hechos hasta entonces inconexos que ya habían alterado a las autoridades, hasta que el 13 de agosto tres empresarios que llevaban días desaparecidos aparecieron acribillados en la localidad bonaerense de General Rodríguez.

A partir de ese momento la investigación comienza a entretejer los tres hechos en una trama que parece de la misma historia: el comercio ilegal de efedrina (prohibida en México) y la producción de drogas sintéticas en este país de América del Sur.

Las autoridades locales y expertos internacionales parecen rendirse ya ante la evidencia irrefutable: “Argentina es la nueva estación de los cárteles mexicanos y colombianos”.

Para el ex relator en materia de narcotráfico de las Naciones Unidas, el colombiano Francisco Thoumi, “los golpes asestados en México y en Colombia contra el narco hacen que los cárteles busquen establecer sucursales en otros países donde los controles suelen ser más laxos”. Este sería el caso de Argentina.

De acuerdo con fuentes de la investigación, Sebastián Forza (de 34 años) y Damián Ferrón (de 37), dos de los empresarios asesinados junto a Leonardo Bina (35 años), mantenían relaciones con uno de los colombianos asesinados en el Unicenter y con los mexicanos detenidos, pero también con el superintendente de Salud del gobierno, Héctor Cappacciolli (un hombre cercano al ex jefe de gabinete, Alberto Fernández), y con Manuel Poggi, ex subsecretario de Industrias del municipio bonaerense de General Rodríguez, quien se entregó el miércoles pasado a la justicia, y almacenaba efedrina y estupefacientes en un galpón en esa localidad.

Campaña en duda

La relación con Cappacciolli pasaba no sólo por el laboratorio que regenteaba Forza, el cual le vendía medicamentos al Estado, sino también porque había aportado 200 mil pesos (64 mil dólares) a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner el año pasado, de la que el funcionario había sido uno de los recaudadores. Otros 160 mil pesos (53 mil dólares) fueron donados por Ariel Vilán (34 años), un socio de Forza, quien el pasado 23 de agosto se suicidó arrojándose de un noveno piso en el departamento de su madre.

“Estamos hablando de una organización mafiosa y de varios empresarios jóvenes que desconocían absolutamente con quién se estaban metiendo. Pero las derivaciones, incluso políticas, pueden llegar a diversos niveles”, aseguró a EL UNIVERSAL uno de los encargados de la investigación a las órdenes del juez federal de Campana, Federico Faggionatto Márquez.

El magistrado llegó en un poco más de un mes de pesquisas más lejos que el poder político, inerte ante un flagelo que en los últimos años no paró de crecer. Un poder político que ya se había dormido cuando a mediados de los 90 Amado Carrillo Fuentes, más conocido como El señor de los Cielos, se instaló en el corazón de la exclusiva avenida Alvear y realizó millonarias operaciones inmobiliarias en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Pero las del líder del cártel de Juárez sólo fueron operaciones de lavado de dinero proveniente de sus tropelías en México y Estados Unidos. Ahora el caso es mucho más grave, porque las autoridades argentinas deben lidiar con la amenaza concreta de que Buenos Aires termine por convertirse en una sucursal del narcotráfico mexicano y colombiano.