En la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay dos ministros clara y netamente conservadores. Uno de ellos es Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Y no lo oculta. Dirían en la Corte: no niega la cruz de su parroquia.

Al contrario. Si a alguien parece no preocuparle el qué dirán o no le mortifica el impacto de sus opiniones públicas, ese, sin duda, es Aguirre: el mismo que propuso anular la despenalización del aborto aprobada en el Distrito Federal.

Y el mismo al que, a sus 65 años de edad, se le recuerda su pasado panista cada que le toca resolver un juicio polémico, en el que están en juego ideologías o partidos políticos.

Un pasado que lo llevó a ser regidor de Guadalajara, por el PAN, allá por el año de 1985, y a competir sin éxito por unadiputación federal por el albiazul.

Para el ministro Aguirre —el abogado que abandonó la política desde la década de los 80 para dedicarse a su notaría, antes de llegar a la Corte—, colocarse en el centro de la polémica por sus proyectos, sus comentarios en las sesiones del pleno y sus respuestas irónicas, provocadoras e impulsivas, no es nuevo.

A lo largo de sus 14 años como integrante del máximo tribunal, esa ha sido una de sus constantes: la polémica, como también lo ha sido el triunfo, la mayoría de las veces, de sus opiniones.

Porque las propuestas del ministro aficionado al futbol —a las Chivas Rayadas del Guadalajara al igual que su amigo, que su compañero, el otro ministro notoriamente conservador, Mariano Azuela—, generalmente ganan mayorías, aunque en casos como el del aborto puede no contar con los votos necesarios para que su postura triunfe.

La lista de los casos polémicos que le han tocado al que dicen es un abuelo de carácter bonachón en casa, que gusta ir de pesca, y un ministro de gesto duro, es larga.

Pero basta con remontarse tan sólo cuatro años atrás para darse una idea. En ese tiempo lo mismo fue cuestionado por suspender el proceso para separar de su cargo al ex gobiernador panista de Morelos Sergio Estrada Cagigal, que por desechar el juicio que promovió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para detener el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Aunque, sin duda, en este lapso el momento en que enfrentó los ataques más fuertes fue cuando, junto con el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, le concedió al entonces presidente Vicente Fox una suspensión para congelar modificaciones al presupuesto de 2005.

En ese momento, Aguirre fue ampliamente criticado por todos los sectores del PRI y del PRD por favorecer al presidente Fox en el juicio más importante que se ha generado entre el Congreso y el titular del Poder Ejecutivo.

Incluso, en ese caso la situación llegó a tal extremo que el actual líder del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, lo calificó de “faccioso” y “obsequioso”.

También se enfrentó a las presiones de todos los poderes, económicos y políticos, cuando se encargó del proyecto mediante el cual propuso, y ganó, la declaración de inconstitucionalidad de una buena parte de la llamada ley de medios, que beneficiaba a las televisoras.

Este último juicio lo llevó a declarar que quienes buscaban presionar a la Corte no sabían de qué estaban hechos los ministros. En esa ocasión dijo: “Por cumplir nuestras encomiendas no pagamos costo político; estamos prestos a desahogarlas sin ideologización ni politización partidista, sino simplemente conforme a nuestra convicción, imparcialmente, sin estridencias, tal como está previsto en la Constitución, sin preocupaciones de otras políticas”.

“De eso estamos hechos”, diría en uno de sus mensajes más sonados, en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de su autonomía.

Nada que ver con la lista de comentarios, de frases polémicas que pintan de cuerpo completo al más robusto de los ministros, al amante de las buenas carnes y de los buenos vinos, de la cultura general, y de usar palabras rebuscadas que llevan a sus compañeros a recurrir constantemente al diccionario para entenderlo.

Nada que ver con la ocasión, en diciembre de 2007, en la que prácticamente, sin decirlo directamente, llamó mentirosa a la periodista Lydia Cacho.

Y nada que ver cuando, en febrero de 2007, al revisar los amparos de los militares que fueron dados de baja por padecer VIH-sida, aseguró que la salud que requiere el Ejército, como institución, no puede confiarse a que los enfermos con VIH realicen prácticas sexuales seguras.

Y cuando dijo, en un caso en el que sí perdió la votación, que los militares con esta enfermedad son “un severo problema bacteriológico”, primero para la comunidad castrense, y después para todos los demás, lo que abrió el tema a la polémica.