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CHIHUAHUA, Chih.— El reporte llegó en clave por la frecuencia de radio de la policía municipal: se escuchó que decían que sobre un puente en la avenida Tecnológico estaba colgada una manta amarilla donde con letra negra se leía: “Pinches montaperros mata inocentes por la pendejada k hicieron en Creel no se la van a acabar. Sálganle para trozarlos aunque el gobierno los apoye, perros. Att. La línea”.

Faltaban 24 horas para que comenzara la reunión nacional de procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia de todo el país en el hotel Westin Soberano, cuando los dos grupos que se disputan esta región del norte —el de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada frente a los hermanos Beltrán Leyva y los Carrillo Fuentes—se hicieron presentes.

Junto a las narcomantas, el personaje fue Patricia González Rodríguez, quien como procuradora de Justicia estatal, es la jefa de los ministerios públicos responsables de investigar los delitos y llegar a sus autores para buscar, según dice la ley, que se haga justicia.

Al menos eso es lo que sería su responsabilidad porque esta abogada detenta el primer lugar a nivel nacional en cuanto a impunidad se refiere, pues Chihuahua tiene el primer lugar del país en crímenes en este 2008 con más de mil 200 y según cifras de la Defensoría Pública Penal del estado, de 839 ejecuciones hasta el lunes de esta semana en Ciudad Juárez, nada más 18 llegaron a tribunales.

Quizá por eso las fracciones del PAN y del PRD en el Congreso local solicitaron al gobernador que la destituya. Tal vez como quien piensa que por el momento no les dará ese gusto a sus opositores, Reyes Baeza dejó entrever que él no mete “las manos al fuego por nadie” y “el que esté involucrado habrá que castigarlo”.

Los discursos fueron del lugar común al mea culpa. La procuradora González alcanzó a decir que era necesario recuperar la confianza ciudadana, aunque quizá ni se enteró que sus policías contenían afuera del recinto a un grupo que con cartulinas y mantas se manifestaba en demanda de castigo para los responsables de la masacre de Creel, comunidad a la que jamás llegaron los peritos y agentes ministeriales a su cargo para comenzar con las primeras diligencias.

Medina Mora —quizá más consciente que su trabajo como procurador de la República ha dado pie para que el concepto de “Estado fallido” sea más común entre analistas— reconoció que el gobierno de Calderón aún “está lejos de haber alcanzado el objetivo primordial que es el de garantizar la seguridad”.