horacio.jimenez@eluniversal.com.mxjorge.ramos@eluniversal.com.mx

Hoy, todos poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno firmarán en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, con el cual el Ejecutivo federal se compromete a construir dos penales de alta seguridad con área especial para secuestradores, crear una base nacional de datos de teléfonos celulares y una estrategia nacional contra lavado de dinero.

El gobierno federal también se comprometerá a establecer un programa nacional de recompensas para los ciudadanos que proporcionen información sobre delincuentes y la creación de una cédula de identidad.

Estos son algunos de los 23 compromisos que el Ejecutivo se obligará a cumplir en un plazo de entre seis meses y tres años.

En el borrador del acuerdo, del que EL UNIVERSAL posee copia, el Legislativo también se compromete a dictaminar leyes antisecuestros, contra el narcomenudeo, y una que impedirá la obtención de preliberaciones en delitos como el secuestro y la extorsión.

En este caso, el Legislativo federal se compromete a dictaminar estas normas durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que se inicia en septiembre.

En el acuerdo, el Poder Judicial asumirá seis compromisos, que promete llevar a cabo en un plazo de entre seis meses y un año. Entre éstos destacan el nombramiento de jueces y magistrados especializados, con salarios y protección acordes al riesgo, y rotación permanente de impartidores de justicia.

El documento que será presentado y suscrito por el Ejecutivo, los gobernadores de todo el país y los poderes Legislativo y Judicial, fija compromisos de gobiernos federal, estatales y municipales, sin embargo no contiene obligaciones y plazos del los últimos.

Este acuerdo debe sumar además a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a las organizaciones intermedias empresariales y ciudadanas.

Los gobiernos estatales estarán obligados a cumplir con 11 compromisos en un plazo que va de los seis meses a los dos años.

En los compromisos de los Ejecutivos estatales destaca edificar 10 penales y la creación y formación —con apoyo del Ejecutivo— de unidades estatales decombate al secuestro.

El acuerdo tambíén considera invitar a una instancia ciudadana “con amplio respaldo público y social” que administre y publique indicadores de gestión, dice el documento.

Como parte de estos acuerdos, ayer, el presidente Felipe Calderón convocó en la residencia oficial de Los Pinos a una veintena de representantes de empresas informativas con quienes acordó promover acciones contra las adicciones y en favor de la legalidad e iniciar campañas por la seguridad.

Después de más de una hora de conversaciones en las que participó el Presidente del Consejo de Admistracón de ELUNIVERSAL, Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, se subrayó “la necesidad de incrementar contenidos que fomenten la prevención y atención de adicciones entre los jóvenes, que muestren los beneficios de la organización vecinal para poner en marcha medidas que coadyuven a generar entornos seguros, y que difundan los distintos canales institucionales mediante los cuales la sociedad puede presentar sus denuncias”.