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La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, señaló que el uso del Ejército para combatir al crimen organizado debe ser una medida de corto plazo en la que haya una “extrema precaución” y medidas para evitar ejecuciones sumarias, y otras violaciones a las garantías fundamentales.

Dijo que no subestima el desafío que enfrenta el gobierno mexicano al tener que garantizar la seguridad de sus ciudadanos cuando existen “severas deficiencias” y corrupción extendida en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

Sin embargo, reiteró que “las guerras deben ganarse en los tribunales, no en las calles” y haciendo uso del Ejército sólo de manera excepcional y bajo el control y supervisión de las instituciones civiles.

También destacó “las crecientes limitaciones a la libertad de expresión en México”, por la concentración de los poderes de los medios en pocas manos y los asesinatos no resueltos de periodistas. Destacó que el Estado debe garantizar la pluralidad.

Louise Arbour realizó una visita oficial a México, del 4 al 8 de febrero, durante la cual firmó con el presidente Felipe Calderón un segundo convenio de cooperación y se reunió con secretarios de Estado, ministros de la SCJN, diputados, senadores, víctimas de violaciones a los derechos humanos y representantes de ONG.

Ayer, llamó al gobierno a “dedicar urgentemente los recursos necesarios para fortalecer las instituciones civiles”. Mientras actúa, insistió, el Ejército debe someterse a la rendición de cuentas, y las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares deben juzgarse por la vía civil.