WASHINGTON.— Mientras los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son el blanco de una campaña de redadas y deportaciones federales y discriminación y ataques a nivel local, una docena de los principales consulados de México en este país se encuentran acéfalos.

El Departamento de Seguridad Doméstica (DHS), que protagoniza una campaña contra los inmigrantes indocumentados, anunció que comenzará el envío de cartas a más de 140 mil empleadores respecto a problemas en los números de Seguro Social de unos 8.7 millones de personas en lo que se considera como presión para el despido de trabajadores sin documentos.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos (USCC) y la coalición sindical AFL-CIO expresaron ayer su desacuerdo con la política, que en su opinión provocará problemas tanto para la economía estadounidense como posiblemente para ciudadanos estadounidenses.

Pero al mismo tiempo, fuentes diplomáticas mexicanas hicieron notar ayer que los Consulados Generales de México en Seattle, San Francisco, San José, San Diego, El Paso, Laredo, Denver, Indianapolis, Miami y Boston se encuentran o bien sin cabeza o bien en el proceso de salida del titular hacia una nueva posición.

Los nuevos cónsules no han sido nombrados o en su mayoría confirmados por el Senado, que de acuerdo con las fuentes podría llevar las tomas de posesión hasta diciembre. México tiene 45 Consulados en EU.

El papel de los consulados es sobre todo de protección legal a mexicanos, expedición y renovación de documentos —incluso la matrícula consular— y representación política y promoción económica.

En tanto la AFL-CIO, como los grupos “American Civil Liberties Union” (ACLU) y Centro Nacional de Ley Migratoria, plantearon una demanda ante un Juez federal en San Francisco para detener el envío de cartas a empleadores sobre la base de que el DHS sobrepasa su autoridad y hace mal uso del Sistema de Seguridad Social.

De acuerdo con información divulgada por The Washington Post, la demanda establece que la información en bases de datos inexactas podría llevar a millones de ciudadanos estadounidenses y residentes legales a un empantanamiento burocrático, toda vez que “la base de datos de Seguridad Social usada para depurar números de serie sospechosos contiene información errónea sobre 17.8 millones de personas, incluso 12.7 millones de ciudadanos nacidos en EU”. Con la medida, según el mismo diario, hay sospechas de que el gobierno de George W. Bush estaría solidificando su posición entre bases republicanas descontentas con él; estaría “castigando” a grupos empresariales que no apoyaron su propuesta de reforma migratoria y sería una forma de revivir la propuesta revisión migratoria.