Las administraciones del ex presidente Vicente Fox y del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, serán investigadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si incurrieron o no en violaciones graves a las garantías individuales por probables excesos de los cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales, durante los conflictos que se vivieron hace un año en la entidad.

Al establecer los cuatro objetivos que perseguirá la comisión que indagará el caso Oaxaca, la Corte también decidió investigar a las autoridades federales, estatales y municipales para verificar si violaron derechos fundamentales de la población por incurrir en una probable omisión o pasividad para restaurar y mantener el orden público y la seguridad.

Entre los puntos que la Corte buscará aclarar con su investigación destaca "la probable violación de garantías a personas físicas determinadas, especialmente, vida e integridad corporal, inviolabilidad del domicilio, libertad personal y respeto al derecho de propiedad, entre otras".

Así como la probable violación de garantías individuales generalizadas, en particular, la libertad de tránsito, la libertad de trabajo y el derecho a la información, entre otras.

El presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, explicó que "en cada uno de estos temas de investigación la Comisión procurará identificar al o a los responsables de los actos y omisiones que a su juicio constituyan grave violación a las garantías individuales o a los derechos humanos fundamentales de las personas".

Las investigaciones de la Corte partirán de la recomendación 15/2007 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que documentó violaciones a las garantías individules de mil 600 personas, y se comprobó la muerte de 12.

Desde el 24 de mayo el titular de la CNDH, José Luis Soberanes, dijo que si bien el presidente Felipe Calderón "no tiene por qué cargar con los muertos de Fox", su gobierno deberá atender esta recomendación.

Soberanes señaló a elementos de las policías ministerial y preventiva de Oaxaca como autores de esos agravios y manifestó que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz tiene responsabilidad directa en estos hechos.

También responsabilizó a elementos de la PFP y del Ejército, quienes retuvieron e incomunicaron de manera ilegal a 50 personas en la Base Aérea Militar número 15, ubicada en Xoxocotlán, Oaxaca.

Todas estas autoridades serán investigadas por la Corte, que dejó pendiente la designación de los magistrados federales a los que les encomendará encabezar la comisión investigadora que determinó crear para el caso Oaxaca.

Antes de realizar el nombramiento, los ministros acordaron realizar un reglamento mediante el cual se establezcan las reglas que deberá seguir la comisión para realizar su trabajo.

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo tardará la Corte en realizar dicho reglamento. De dicho documento depende que la comisión investigadora comience a indagar los hechos.