La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no podrán ser sancionadas por el Instituto Federal Electoral (IFE) las personas o particulares que paguen o difundan propaganda negativa que denigre o desacredite a candidatos y partidos políticos.

Pero señaló que el Instituto debe dejar a salvo el derecho del agraviado para recurrir a otras instancias civiles, penales o administrativas, para presentar su queja o denuncia.

Este tribunal también ratificó una multa por 3 mil 500 días de salario mínimo (alrededor de 177 mil pesos) en contra del PAN por haber promovido el voto en su favor durante la tregua navideña de 2005, a través del programa Paisano Azul.

Esta resolución se emite ante los Juicios de Apelación interpuestos por el PRI y el PRD, los cuales consideran que el IFE si tiene esa atribución sancionadora ante personas o sectores empresariales que lesionaran el principio de equidad, al intervenir en procesos electivos, como sucedió en el caso del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) durante la campaña presidencial 2006.

La Sala Superior del Tribunal Electroral resolvió ayer un caso particular, relacionado con la campaña que pagó Genaro Morales Rentería, para criticar a través de mensajes espectaculares y en radio a quien fuera cadidato del PRI a la Presidencia. "¿Tu le crees a Madrazo? Yo tampoco".

Los magistrados determinaron que si bien el IFE no puede castigar a esta persona, porque la ley electoral no contempla sanciones para particulares, esta autoridad debió dejar a salvo los derechos del agraviado al comprobar, como parte de su investigación, que sí hubo un responsable de esa propaganda negativa.

El PRI se reserva derecho a actuar

Sobre esta resolución, el represente del PRI ante el IFE, Alfredo Femat Flores, dijo que la dirigencia de su partido se reserva el derecho para actuar en contra de Morales Rentaría ante tribunales civiles, penales.

"Ya no se necesita una investigación, porque el Tribunal confirma que sí hubo un responsable", dijo Femat.

El Tribunal Electoral inició la revisión de una inconformidad presentada por el consejero del IFE, Marco Antonio Gómez Alcántar.

Éste solicitó a los magistrados electorales que aclaren a quién o quienes de los integrantes de la Comisión para la Transparencia del IFE se aplica la amonestación pública que emitió el Tribunal el 25 de abril pasado, ante un error de procedimiento en una solicitud de acceso a las boletas electorales de la elección del 2 de julio de 2006.

El consejero espera que los magistrados lo deslinden de esa sanción, toda vez que alertó en su momento de ese error a través de un voto particular en la Comisión para la Transparencia.