Difícilmente podría encontrarse a empresarios tan visionarios como los hermanos Guillermo y Tomás Braniff.

El 12 de noviembre de 1990 dejaron atrás sus trayectorias en el mundo financiero y optaron por innovar.

Tres días después de registrar la empresa Braniff Air Freight & Co. SA de CV, mostraron su capacidad de anticipar el futuro.

Ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitaron la concesión de un servicio hasta ese momento exclusivo del personal aduanal. Lo hicieron 72 horas antes de que el gobierno federal propusiera al Congreso pasar la tarea a la iniciativa privada.

Semanas después, con la firma del entonces subsecretario de Ingresos, Francisco Gil Díaz, su almacén de 4 mil 300 metros cuadrados dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se convirtió en el primero en manos privadas, adentro de un recinto fiscal de la Federación.

Esa adjudicación directa de la SHCP fue la plataforma de despegue de su negocio dentro del mundo aduanal.

Con la suerte a su favor

No tenía ni 24 horas de nacida Braniff Air Freight & Co. cuando tramitó en la SHCP un permiso para prestar el servicio de almacenaje, manejo y custodia de mercancías en la aduana del aeropuerto.

Y la subsecretaría de Gil Díaz dio entrada a su escrito, aún sin contar con un Registro Federal de Contribuyentes.

El Código Fiscal de la Federación exige, en su artículo 18, párrafo segundo, la existencia fiscal -"nombre, denominación social o razón social y domicilio"- de todo aquel que solicite una promoción.

Tres días después, el 15 de noviembre de 1990, el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, envió al Congreso de la Unión un paquete de reformas, entre las que destacaba la del artículo octavo de la Ley Aduanera, para concesionar la prestación de servicios de almacenaje "dentro de los recintos aduanales".

Justo lo que ellos solicitaron horas antes. Fueron, literalmente, unos visionarios.

El 20 de diciembre de 1990, Francisco Gil Díaz firmó la adjudicación de un terreno de 4 mil 300 metros cuadrados dentro del recinto fiscal número siete del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para que Braniff Air Freight & Co. prestara los servicios demandados.

Así, la novel empresa sorteó, con días de diferencia, el rigor de un concurso público, pues el 17 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó que sólo mediante licitación se privatizaran los almacenes.

Hasta el 26 de diciembre aparecieron en el Diario Oficial de la Federación publicadas las nuevas reformas.

Braniff Air Freight & Company, SA de CV, cuya constitución ante notario público fue autorizada hasta el 31 de febrero de 1991, era la única y primera empresa que apostó a las nuevas tareas privadas que permitió la reforma aduanal.

Y aunque otras pudieron incursionar en las tareas de almacenaje, pasaron dos años sin necesidad de compartir el mercado, porque la subsecretaría de Ingresos de la SHCP no convocó a licitación pública hasta el 8 de abril de 1992.

No sólo eso, simultáneamente al nacimiento de Braniff Air Freight & Co., uno de sus copropietarios, Tomás, obtuvo la patente aduanal número 3194, en junio de 1990. Tuvo la fortuna de que ese año desapareció la fracción 10 del artículo 143 de la Ley Aduanera, que exigía "examen sicotécnico" para la obtención de patentes.

Braniff no tuvo que poner a prueba su recién adquirido conocimiento en materia aduanal.

Nuevos permisos

A raíz de las reformas aduanales, Grupo Braniff obtuvo nuevos permisos para el manejo de almacenes fiscalizados no sólo en el Distrito Federal, donde creció su alcance, sino también en Toluca y Monterrey.

La expansión se dio metro por metro, año por año, y sin licitación de por medio.

El 18 de junio de 1992, la Dirección General Técnica de Ingresos de la SHCP modificó la autorización con la que Braniff Air Freight obtuvo su primer almacén.

De un teclazo, ampliaron la vigencia para prestar dichos servicios, de ocho a 20 años, aunque el oficio 396-I-D9263 respondía a una solicitud de sustitución de áreas y no de años. La prórroga de la autorización se fundó en un artículo y una fracción inexistentes del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: el 65 fracción séptima, como consta en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 1992.

Hasta cuando pierden, ganan

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, los astros se alinearon de tal forma que el grupo perdió concursos a diferencia de lo vivido bajo las administraciones de Gil Díaz en la subsecretaría de Ingresos con Salinas de Gortari, y luego en la Secretaría de Hacienda ya con Vicente Fox.

No pudo quedarse con el Registro Nacional de Vehículos (Renave), tras una licitación pública que finalmente ganó la empresa que dirigía Ricardo Miguel Cavallo, el ex militar argentino acusado de torturador en 1998.

El 28 de septiembre de 1999, la patente aduanal de Tomás Braniff fue suspendida por la autoridad aduanal, debido al uso ilegal de un RFC. Grupo Braniff se amparó y no fue sino hasta 2001 que perdió definitivamente la patente. Pero ya en pleno sexenio foxista, la suerte les sonrió porque hasta entrado 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la cancelación de su patente, es decir, cuatro años después de que se las cancelaron.

Aun así, el hijo de Tomás Braniff obtuvo días antes del cierre de la administración salinista el permiso de operar una nueva patente, la 3341. Con ésta, Grupo Braniff, garantizó a su clientela los servicios de despacho aduanal.

Futuro prometedor

Otra reforma al artículo 14-A de la Ley Aduanera permitió que los terrenos colindantes a las aduanas sean utilizados como recintos fiscales también en los aeropuertos.

Grupo Braniff pudo así obtener un nuevo almacén de mil 733 metros cuadrados, adyacente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, asignado a Braniff Transport Carga, encabezada también por Guillermo y Tomás Braniff Suinaga.

Constituida en marzo de 1992, esta segunda empresa, Braniff Transport Carga, obtuvo en 2004 el permiso de prestar "servicios de carga, descarga y maniobras de mercancías de recintos fiscales".

Así, junto con otras tres empresas, absorbió una responsabilidad que los almacenes fiscalizados del país realizaban por cuenta propia y sin costo de por medio.

Al año de prestar el servicio, el viernes 31 de marzo de 2005, llegó un cambio de ley: se limitó a cuatro el número de personas morales autorizadas a realizar dichas maniobras dentro de las aduanas del país. Se cerró así la puerta a más competidores.

Ahora, Grupo Braniff está en espera de una respuesta a su solicitud de prestar servicios dentro del recinto fiscal del Aeropuerto Internacional, en una superficie de 3 mil 298 metros cuadrados.

Por fortuna libraron un primer requisito que pudo sacarlos del concurso: la convocatoria excluyó a empresas con un área mayor a los 4 mil metros cuadrados en la terminal aérea.