El Instituto Federal Electoral (IFE) no destruirá, durante este mes de diciembre -como se tenía previsto-, las boletas de votación presidencial del 2 de julio pasado.

Los consejeros electorales sesionarán y votarán el viernes una propuesta para posponer ese proceso hasta que "causen estado" o resuelvan todas las quejas ciudadanas orientadas a la solicitud de acceso a la documentación electoral, es decir, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva los expedientes del caso.

Para ello, los cinco integrantes de la Comisión del Consejo para la Transparencia y el Acceso a la Información del IFE se reunirán para confirmar la decisión inicial de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y del Comité de Información, el 1 de septiembre: negar en definitiva el acceso a las boletas electorales.

Hasta ayer, el IFE analizaba cuatro recursos de revisión iniciados por igual número de personas que pretendían conocer las boletas de votación; sin embargo, en las copias del proyecto de resolución de esa Comisión, obtenidas por EL UNIVERSAL, tales peticiones se declaran "infundadas".

Se lee en los distintos recursos de revisión (de 64 hojas en promedio) que las boletas electorales, al convertirse en votos, adquieren una personalidad legal distinta y protegida por la confidencialidad y por su carácter de secretos. Por ejemplo:

"Voto. Su confidencialidad y secreto se transgreden si se revelan datos proporcionados por los ciudadanos, fuera de las hipótesis legales permitidas (Recurso CCTAI-REV-15/06) Las boletas electorales no se ajustan a la definición legal de documento (Recurso CCTAI-REV-14/06)".

Para el IFE, un documento susceptible de acceso a la información es aquel que registra las actividades o facultades del IFE y de sus servidores públicos.

Las decisiones del IFE sobre el acceso a las boletas electorales podrán ser recurridas ante el TEPJF.

La Secretaría Ejecutiva del IFE propondrá al Consejo General modificar el Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2005-2006 (PIPEF) para posponer el plazo para destruir la documentación electoral hasta que "causen estado" todos los efectos legales y cada una de las resoluciones de la Comisión para la Transparencia.

Las llamadas del consejero

Por otra parte, tras un debate acalorado entre los cinco integrantes de la Comisión del Consejo para la Transparencia y el Acceso a la Información del IFE, se determinó otorgar al ciudadano Francisco Alberto Servín de Alba la copia de los estados de cuenta con las llamadas telefónicas que se consideren públicas (las privadas se cancelarán) y que haya efectuado el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, durante el proceso electoral (de octubre de 2005 a julio de 2006) a través del teléfono celular que paga el instituto.

Los consejeros Andrés Albo (presidente de la Comisión), Teresa González, Arturo Sánchez y Alejandra Latapí consideraron que sólo debían ocultarse los números telefónicos que se consideraran como llamadas privadas; el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar dijo que ningún número debía hacerse público.