Al negarse a declarar desaparecidos los poderes en Oaxaca, el Senado responsabilizó al gobernador Ulises Ruiz de haber lesionado la institucionalidad y la legalidad en el estado, así como haber sumido a los ciudadanos en la incertidumbre y la desesperación.

Sin pedir expresamente su separación del cargo, el dictamen aprobado -incluso por los priístas- afirma que "es claro que la permanencia del titular del Poder Ejecutivo del estado no otorga las condiciones suficientes que coadyuven a restablecer la normalidad".

De igual modo, y aunque no los mencionaron por sus nombres, los senadores responsabilizaron a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y a los maestros de la sección 22 de haber llevado a Oaxaca a una situación de inestabilidad e ingobernabilidad. El dictamen se refiere a ellos como "grupos y organizaciones populares inconformes".

En ese sentido, el Senado señaló que las posiciones se han endurecido y se ha transitado de la intransigencia a la violencia, y el clima político de Oaxaca se enrareció y ya ha causado la muerte de algunas personas.

El dictamen de la Comisión de Gobernación fue aprobado con 74 votos en favor del PRI, PAN y PVEM; 31 legisladores del PRD; PT y Convergencia votaron en contra.

Ningún legislador del PRI defendió al gobernador Ruiz durante el debate de más de cuatro horas en la tribuna. Al terminar la sesión, el vocero de la bancada priísta, Carlos Jiménez Macías, dijo en conferencia que el gobernador tiene el apoyo de los senadores de su partido.

El debate consumió gran parte de la sesión. Subieron a tribuna 16 legisladores; de ellos, sólo tres del PRI: Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación, Ramiro Hernández y Pedro Joaquín Coldwell; el resto fueron del PRD, PAN, Convergencia y PVEM.

La discusión se centró en definir el alcance de la facultad del Senado para declarar la desaparición de poderes en un estado. Los panistas Alejandro González Alcocer, Alejandro Zapata y Ricardo García Cervantes sostuvieron que, pese a la negligente actuación del gobernador y del estado de ingobernabilidad, no era posible negar la existencia de los poderes.

González Alcocer dijo, inclusive, que el PAN no podía exponer al Senado de "hacer el ridículo" ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues estimó que el gobernador podría ganar una controversia constitucional, pero insistió en que debe pedir licencia.

Los priístas insistieron en la legalidad del dictamen, pero también en que no podía usarse esa facultad del Senado para avalar que en el futuro se use en forma autoritaria y arbitraria.

"No podemos volver a darle armas al autoritarismo y la arbitrariedad. No podemos usar esta vía, incluso pensando que el gobierno de Oaxaca es el peor, porque no es esa nuestra facultad, porque no nos la da la Constitución", afirmó Murillo.

Durante el debate le llovieron al gobernador Ulises Ruiz toda clase de adjetivos por parte de perredistas, panistas y convergentes: cacique, hombre sin principios, enamorado del poder, aferrado, heredero de bárbaros, hombre de horca y cuchillo, remedo de gobernador, sátrapa, autoritario, torpe, negligente y el peor mandatario.

Los priístas ni se tomaron la molestia de defender al gobernador ni intentaron algún desagravio. Antes de la sesión, en su reunión plenaria, habían acordado sólo dar el debate en términos jurídicos y no políticos.

Los adjetivos para descalificar la actuación de Carlos Abascal corrieron por cuenta del coordinador de la bancada del PRD, Carlos Navarrete, quien lo tachó como el secretario de Gobernación más incapaz que ha tenido México para atender un conflicto político como el de Oaxaca. "Está de rodillas frente a un remedo de gobernador", expresó. (Con información de Arturo Zárate)