El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, calificó como una tragedia los hechos de violencia ocurridos durante el operativo policíaco que se llevó a cabo el 3 y 4 de mayo pasados en San Salvador Atenco.

Informó que a consecuencia del uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego por parte de elementos de la policía estatal y federal se cometieron violaciones a los derechos humanos en contra de 207 personas que fueron detenidas durante el operativo.

Después de cinco meses de investigaciones, la CNDH documentó que las 207 personas -entre ellas, diez menores de edad- fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes; 145 fueron detenidas de manera arbitraria; 26 mujeres fueron objeto de abuso sexual y cinco extranjeros que estaban en el lugar, además de que sufrieron agresiones policíacas, fueron expulsados de manera irregular.

El organismo considera que la muerte de Javier Cortés fue producto de "un ataque certero" y que los responsables de ésta y del homicidio de Alexis Benhumea fueron elementos de la policía estatal.

De estos hechos, el organismo responsabiliza a los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Estatal de Seguridad (AES), así como al Instituto Nacional de Migración (INM).

Por ello, ayer, el ombudsman nacional dio a conocer una recomendación que dirigió al secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora; al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y al comisionado del INM, Hipólito Treviño.

En ella, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pide a Medina Mora y Peña Nieto que pongan especial énfasis en la capacitación de la policía en cuanto el uso de la fuerza, incluidos el servicio pericial, las técnicas de detención, sometimiento, aseguramiento, comportamiento de multitudes y medios técnicos que limiten el empleo de la fuerza y de las armas de fuego. También solicitó que se otorgue la reparación del daño a los deudos de Javier Cortés y Alexis Benhumea, así como a todas aquellas personas que resultaron afectadas en su integridad física y psicológica. Al Instituto Nacional de Migración solicitó que se revise el procedimiento de expulsión de los extranjeros.

En el texto de la recomendación la CNDH lamenta que estos hechos hayan ocurrido bajo la anuencia de los jefes superiores de las corporaciones policíacas.

"Son claras las evidencias con que cuenta esta comisión, que demuestran que durante el operativo, algunos elementos golpean brutalmente a los detenidos colocándolos, incluso, en franco riesgo de muerte, cometen detenciones ilegales, maltratos físicos, confiscación ilegal de bienes o robos, allanamientos de domicilios en los cuales aprehenden a menores, mujeres y hombres mediante violencia, algunos ajenos a los hechos, por lo que estos actos se considera ilegítimos y cometidos bajo la anuencia y tolerancia de sus superiores", destacó el organismo.

Las investigaciones hechas bajo la dirección de la Segunda Visitadora General de la CNDH, Susana Thalía Pedroza, señalan que la violencia pudo prevenirse mediante el diálogo, "pero se privilegió el uso de la fuerza pública".