Con las pruebas sobre su escritorio, documentos oficiales, medios impresos con declaraciones de su compañero y apuntes personales, el comisionado Alonso Gómez Robledo Verduzco llega a la conclusión de que Horacio Aguilar Álvarez de Alba, con su conducta y afirmaciones, está dañando la imagen del IFAI y puede llegar a dañar su credibilidad.

Le reconoce su derecho de haber interpuesto un amparo, pero también le critica sus contradicciones, que en su opinión también tendrían consecuencias en el prestigio del propio Aguilar Álvarez.

Gómez Robledo Verduzco no oculta su sorpresa de que su compañero haya conseguido en el Juzgado XV de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal la suspensión definitiva (18 de septiembre) para mantenerse en el cargo de comisionado del instituto y seguir cobrando 158 mil 252 pesos 87 centavos al mes.

Suponía que ocurriría lo contrario, aunque tiene claro que esta controversia jurídica no ha terminado y que todavía la Presidencia de la República podría impugnar la resolución del juez Sergio Urzúa.

Horacio Aguilar terminó su periodo como comisionado del IFAI el pasado 11 de septiembre. Interpuso el recurso de amparo al ver que la Presidencia no lo había propuesto para ser ratificado por el Senado (por siete años) ni tampoco evaluado su desempeño como integrante de dicho organismo de transparencia.

"Si tu problema no es salarial cómo dices y tienes la notaría 102 en el estado de México, desiste de tu amparo y deja esto atrás. Al final del día perjudicas al IFAI, pero también, estás dañando tu propio prestigio", sostiene Gómez Robledo.

Le reprocha que haya declarado a un semanario que no le interesa el dinero y en contraste, en la sesión del 5 de septiembre del órgano de gobierno del instituto, se quejó de que le deben cuatro meses cuando todavía la institución carecía de presupuesto. Además, sin avisar con oportunidad a la institución, gestionó y consiguió que lo hicieran candidato panista a diputado en el 35 distrito del estado de México, posición que finalmente perdió.

Además, omitió la ley de transparencia que establece que ninguno de los comisionados podrá tener otro empleo o comisión. Hay un oficio de la dirección general de asociaciones religiosas de Gobernación que prueba su desempeño como apoderado de diversos grupos religiosos.