L uis de la Barreda Moreno, ex titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), se reservó su derecho a declarar, ante la acusación que pesa en su contra por la desaparición del activista Ignacio Arturo Salas Obregón, líder de la extinta Liga Comunista 23 de Septiembre, hace más de tres décadas.

A pesar de su estado de salud que se reporta como delicado, ante una trombosis que sufrió y que lo obligó a internarse en el hospital Los Ángeles de Interlomas, el ex funcionario pudo participar ayer en la diligencia de la declaración preparatoria.

Personal del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Naucalpan, estado de México, acudió al hospital. Ahí, al certificarse que De la Barreda Moreno tiene dificultades para moverse y hablar, pero con óptimo estado de conciencia para que se efectuara la diligencia, se procedió a notificarle la acusación en su contra.

El inculpado fue asistido por el abogado Marcos Castillejos, quien reveló que su cliente se reservó su derecho a declarar en torno de la causa penal 11/2004, por su presunta participación en la desaparición de Salas Obregón, ocurrida el 25 de abril de 1974, en Tlalnepantla, estado de México, cuando De la Barreda Moreno estaba al frente de la DFS.

Entre las evidencias recabadas en su contra se menciona una serie de documentos remitidos al ex funcionario entre el 25 y 29 de abril de 1974, en los que se indica que Salas Obregón resultó herido en un enfrentamiento con policías e internado en un hospital, pero que era necesario reubicarlo para que fuera interrogado; después de forma oficial se emitió un oficio en el que se aseguró que el 29 de abril de ese año el activista había muerto durante un enfrentamiento.

Sin embargo, el representante legal del ex jefe policiaco indicó que existe confianza en que la acusación no prosperará, por lo que su cliente finalmente decidió entregarse a las autoridades la noche del jueves, "nosotros notificamos al juzgado de que el capitán se ponía a su disposición", indicó.

Como parte de la estrategia de la defensa, después de que se realizó la diligencia judicial, el abogado solicitó la ampliación del término constitucional para que sea dentro de 144 horas cuando el juez de la causa determine si concede o no la formal prisión contra De la Barreda Moreno.

Marcos Castillejos explicó que en este plazo se entregarán pruebas al juzgado de que su cliente no es responsable de los delitos que se le imputan, así como elementos de que el ex jefe policiaco, de 82 años, no representa un peligro para la sociedad.