El Estado mexicano, sus Fuerzas Armadas y algunos cuerpos policiacos incurrieron en delitos de lesa humanidad y genocidio durante la llamada guerra sucia al detener, investigar, interrogar y desaparecer a opositores al régimen, campesinos, guerrilleros y activistas de izquierda, señala un borrador del informe final entregado en diciembre de 2005 a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) por sus investigadores.

Una versión aparentemente sin corregir del Informe General hecho por 27 especialistas de la Femospp y entregado a su titular Ignacio Carrillo Prieto el 15 de diciembre último fue enviada a algunos intelectuales mexicanos, medios de comunicación y a organizaciones civiles de los Estados Unidos como The National Security Archives (NSA), y circula desde el domingo en internet.

El texto, que no ha sido ratificado por el gobierno mexicano, fue enviado al NSA, que pertenece a la Universidad Georgetown en Washington.

Kate Doyle, directora del Proyecto México del NSA, aseguró a la Agencia de Noticias española EFE que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Femospp, trata de "limpiar el informe", que deberá ser presentado por el presidente Vicente Fox.

El pasado 14 de febrero Carrillo Prieto adelantaba en entrevista con EL UNIVERSAL la conclusión del documento y aseguraba que eran dos sus principales logros: uno, haber demostrado históricamente que en los hechos del 2 de octubre de 1968 "el Ejército mexicano fue traicionado por el Estado Mayor Presidencial que estaba al mando del general Luis Gutiérrez Oropeza".

El segundo logro fue haber establecido criterios para el cómputo de la prescripción del delito de genocidio en México, dijo el fiscal.

El otro informe

Pero el documento difundido por la NSA establece cosas muy distintas respecto a la actuación del Ejército mexicano y de diversos cuerpos policiales durante la guerra sucia en el estado de Guerrero.

El informe señala que en el periodo de los años 70 y parte de los 80 el Estado mexicano actuó contra diversos grupos nacionales (movimientos estudiantiles e insurgencia popular) saliéndose "del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio, al intentar destruir a este sector de la sociedad al que consideró ideológicamente como su enemigo".

El texto indica en su resumen inicial que el Estado mexicano, desde los más altos niveles de mando, "impidió, criminalizó y combatió a diversos sectores de la población que se organizaron para exigir mayor participación democrática".

En el primer capítulo sobre la Verdad y la Justicia en las investigaciones sobre crímenes cometidos en el pasado, el texto señala que las pruebas sobre los crímenes "son abrumadoras".

Entre otras cosas, el informe señala que a partir de agosto de 1975 comenzaron a realizarse bajo la responsabilidad del entonces teniente coronel Francisco Quiroz Hermosillo y el mayor Arturo Acosta Chaparro.

Explica que entre el 8 de junio de 1976 y el 7 de enero de 1979 se efectuaron los últimos vuelos (menciona siete) para arrojar cuerpos al mar, en las costas de Guerrero.

Sobre este documento la organización promotora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) dijo que es incompleto pero un buen paso adelante. "Este recuento histórico dista de ser completo, el mismo informe lo reconoce. Sin embargo, demuestra que existe evidencia contundente para procesar estos casos atroces", opinó el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.

Hasta el cierre de la edición la Femospp no había realizado ningún comentario para confirmar o desmentir la existencia o contenido del informe.