Las "graves" omisiones y actitudes "negligentes" de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han contribuido a que el periodista italiano Marco Brancaccia, residente en México desde 2001, no haya podido ver de nueva cuenta a su hija Marta, de 9 años, quien el 15 de mayo de 2003 fue sustraída ilegalmente de México con un pasaporte expedido sin el consentimiento del padre por la madre de origen islandés, Snaefridur Baldvinsdottir.

Y es que la Oficina de Restitución de Menores, a cargo de Patricia Pérez Galeana; el Departamento Derecho de Familia, con Rosa Isela Guerrero Alba a la cabeza, y la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares, a cargo de Miguel Gutiérrez Tinoco de la SRE, omitieron durante casi dos años las obligaciones adquiridas por la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

Fue el 29 de julio de 2003 cuando Marco Brancaccia, que acaba de cumplir cuatro años como corresponsal-jefe de la agencia italiana de prensa ANSA en México, acudió a la SRE para solicitar la aplicación del convenio con el fin de lograr la restitución de la menor a México, su último lugar de residencia. La autoridad central (Cancillería mexicana) envió hasta el 6 de septiembre de ese mismo año a la Autoridad Central de Islandia (Ministerio de Justicia) un oficio respecto de la ilegalidad del traslado de la menor en el Derecho mexicano.

Pero durante estos meses, además de luchar contra las omisiones de la SRE que nunca mantuvo informado al afectado respecto sus gestiones ante el gobierno islandés, enmarcadas en la aplicación de la Convención de La Haya, Brancaccia también ha tenido que hacer frente a la gran influencia que tiene en el país nórdico el padre de su ex esposa, Jon Baldvin Hannibalsson, diplomático con posibilidades de convertirse en futuro primer ministro.

Hasta septiembre de 2003, ante la insistente solicitud del periodista, a través de su abogada, las autoridades mexicanas enviaron un oficio a sus contrapartes de Islandia, respecto de la ilicitud del traslado de la menor en el Derecho mexicano. El 29 de octubre y el 3 de diciembre de 2003, el 25 de mayo y 27 de agosto de 2004, diferentes instancias judiciales de Islandia emitieron su sentencia denegando la restitución de la niña, sacada del país cuando tenía 7 años.

Mientras tanto, la Cancillería mexicana, que no ejerció las facultades de las cuales goza en virtud del Convenio para pedir directamente a su contraparte una copia de las sentencias, tuvo conocimiento de las mismas hasta que los abogados de Brancaccia se lo informaron.

Después de ocho meses a partir del último fallo en Islandia, el único comunicado de la autoridad central mexicana a su homóloga islandesa fue un oficio del 15 de marzo pasado, solicitando informes respecto del procedimiento de restitución.

Cansados de no tener respuesta, el 13 de abril de 2005, Marco Brancaccia y su abogada acudieron ante Patricia Pérez Galeana, quien les informó sorpresivamente que para el gobierno mexicano el asunto estaba cerrado, a pesar de que no habían recibido ni solicitado copias de las sentencias emitidas en Islandia.

El 15 de abril vendría otro golpe contra Brancaccia, quien reunido con sus abogados, el ministro Gutiérrez Tinoco y Guerrero Alba, le confirmaron que su caso estaba cerrado para la autoridad central, a pesar de que sus abogados identificaron anomalías en la aplicación del convenio.

Para justificar sus acciones, Rosa Isela Guerrero mostró a Brancaccia una carta enviada a Islandia apenas un día antes, el 14 de abril, en la cual solicitaba a la autoridad central el envío de las copias de dichas sentencias. "Me parece una falta, una muestra de negligencia de la funcionaria". Por si fuera poco, ante el enojo de Brancaccia durante la junta, Rosa Isela Guerrero tuvo la "osadía" de afirmar que "podrían ser ciertos" los alegatos de violencia en contra de la ex compañera del periodista, esgrimidos por ella como justificación para sustraer a la niña y que el periodista demostró que son falsos.

"Esta acusación me parece gravísima de parte de una funcionaria que debería asumir una actitud imparcial. Ya presenté una queja a la Cancillería y mis abogados están analizando la posibilidad de proceder penalmente contra Rosa Isela Guerrero", dijo Brancaccia.