El presidente Vicente Fox ordenó elaborar un Programa Nacional de Derechos Humanos, para dar respuesta a las 32 recomendaciones emitidas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, principalmente relacionados con el sistema judicial, el cual fue calificado por su representante, Anders Kompass, como "inquisitorio".

"Actualmente hay un sistema inquisitorio, acusatorio donde el acusado no tiene las garantías establecidas en una justicia moderna y democrática, donde no hay un debido proceso y lo que estamos proponiendo es que haya un cambio radical en la administración y procuración de justicia", opinó Kompass.

El presidente Fox comentó que su gobierno "es sensible" a la inquietud social que señala la necesidad de modificar el sistema de justicia, y consideró que su impartición debe abandonar sus rasgos de extrema reserva y el sistema se vuelva oral, transparente y público.

En la presentación del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México de la ONU, Fox aseguró que la procuración de justicia debe llevarse a cabo sobre mejores bases. Comentó que la vigencia universal de las garantías personales es una tarea que precisa la más alta participación de todos los actores políticos.

"Se trata de una exigencia ética, impuesta por las leyes, el desarrollo del país y la democracia", explicó el mandatario, quien señaló que en este proceso solicitará la cooperación del Congreso de la Unión y del Poder Judicial de la Federación, así como de los gobiernos estatales y de los organismos autónomos.

Se comprometió a asumir "personalmente" el reto de adecuar las instituciones y leyes, así como los programas y prácticas gubernamentales, a los más altos estándares internacionales de protección de las personas.

Programa nacional de derechos humanos

El presidente Fox se comprometió a elaborar un Programa Nacional de Derechos Humanos, y para ello instruyó al secretario de Gobernación, Santiago Creel, enviar de manera inmediata una copia de este diagnóstico a todas las dependencias y entidades del gobierno federal, a efecto de que pueda ser analizado y resolver cada una de las recomendaciones.

Miguel Concha Malo, representante del Comité de Enlace de Organizaciones Civiles Mexicanas, socias del Acuerdo de cooperación técnica entre la oficina de la ONU y el gobierno federal, dijo que la primera obligación del Estado es el respeto, la protección y la realización integral de los derechos humanos, y destacó que no se avanza en una transición verdadera a la democracia sin una reforma al Estado.

Yerros heredados

Anders Kompass, representante de esta oficina de la ONU, comentó que el tema de la administración y procuración de justicia es un tema "muy grave", que se encuentra inmerso en un sistema arcaico, que no ofrece las garantías que un sistema democrático requiere.

Aceptó que los tres años que le restan a la administración foxista no serán suficientes para allanar el camino y responder a las 32 recomendaciones, y señaló que muchas de las violaciones documentadas fueron heredadas de otros gobiernos.

"México, como muchos otros países, ha sufrido periodos difíciles y existen peticiones por justicia de parte de muchos segmentos de la sociedad mexicana, por daños causados en el pasado y por problemas que continúan en el presente", dijo Kompass, quien comentó que el diagnóstico recoge demandas que constituyen el clamor de la sociedad mexicana.

El presidente Fox dijo que a la mitad de su administración puede afirmar "de manera firme y sin temor" que este es un gobierno de derechos humanos, y que desde que asumió su gestión este tema se ha convertido en una política de Estado, que no tiene nada que ocultar y que está abierto al escrutinio internacional en esta materia.

A este acto que se realizó en la residencia oficial de Los Pinos, no asistió el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes.