La Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado realizará el martes próximo nuevas consignaciones penales de ex policías y de militares por la llamada guerra sucia , apoyada en la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró que no prescribe el delito de secuestro mientras la víctima no aparezca.

La "histórica" resolución de la Suprema Corte abrió una ancha y promisoria vía para la rendición de cuentas del pasado y para aplicar las consecuencias penales por abusos y violaciones a las garantías constitucionales, dijo el fiscal Ignacio Carrillo Prieto al anunciar que en breve comenzarán la búsqueda de posibles cementerios clandestinos en diversas entidades del país, así como en instalaciones militares.

Las nuevas consignaciones tienen que ver con las desapariciones del fundador y líder de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Ignacio Salas Obregón, así como con las desapariciones de Ignacio Olivares Torres y la familia Tecla, indicó el funcionario.

Al hacer un reconocimiento a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte y quienes establecieron que el delito de secuestro es imprescriptible mientras la víctima no aparezca, el fiscal Carrillo Prieto explicó que no están canceladas las investigaciones en contra de quienes estuvieron por encima de los ex jefes policiacos, Miguel Nazar Haro, Luis de la Barreda Moreno y Juventino Romero Cisneros.

El funcionario dijo que reconocer el trabajo que hizo la Suprema Corte en el caso de Jesús Piedra Ibarra es un deber, ya que con ello abre la posibilidad para castigar a los presuntos responsables de la desaparición de cientos de personas y que en algunos casos hay estimaciones que lleguen hasta mil 500 o más.

En conferencia de prensa en su domicilio en la colonia San Jerónimo, Carrillo Prieto afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación juega y jugará un papel fundamental en la tarea de construir la democracia y acabar con los días autoritarios del pasado. "Esta es una corte que consolida el estado de derecho democrático", aseguró.

La Corte, añadió, ha asumido su responsabilidad en la edificación de un México libre y democrático al determinar que esos hombres y mujeres desaparecidos y que el autoritarismo quiso ver muertos para no perseguir a los responsables, aún están jurídicamente privados ilegalmente de su libertad. "Para nosotros ellos siguen vivos y hasta que no tengamos otras constancias, considerarlos vivos es un paso o elemento central para seguir avanzando en la investigación", dijo.

Al ser cuestionado sobre si hay elementos suficientes para que el Tribunal Unitario de Nuevo León dicte las órdenes de aprehensión contra Miguel Nazar Haro, Luis de la Barrera Moreno y Juventino Romero Cisneros, el fiscal aseguró que para el Ministerio Público Federal hay plena convicción de la presunta responsabilidad de los inculpados, aunque esperará a que el Poder Judicial emita su resolución. "No voy a entrar a discusiones con los abogados ni a hacer consideraciones que no vienen al caso", enfatizó.

Acerca de la búsqueda de restos en Nuevo León, Guerrero, Sinaloa y Jalisco, así como el Distrito Federal y el estado de México, Carrillo Prieto dijo que hay versiones sobre que en diversos sitios fueron enterradas víctimas de desapariciones. "Estamos a punto de dar un paso delicado y tomaremos todas las previsiones necesarias del caso para llevar a cabo estas inspecciones ministeriales.

Respecto a si serán revisados sitios en instalaciones militares, el fiscal, dijo que estas actuaciones se incluirán todos los sitios necesarios de revisión, y adelantó que todo ello requiere de una serie de medidas complejas para llevar a buen término las investigaciones de este tipo que incluyen posibles exhumaciones de restos, confronta de los restos con el ADN de los familiares de desaparecidos, conservación de los restos óseos, estudios periciales y otros.