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Con un listado de penas que van de cinco a 60 años prisión, el pleno del Senado aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, a fin de combatir el robo de combustibles, petroquímicos e, incluso, de crudo que lleva a cabo la delincuencia organizada en la industria petrolera.

La ley, que ataca un problema creciente desde el año 2000, fue aprobada por 80 votos a favor del PRI, PAN, PRD, PVEM, Panal, y siete en contra del PT, incluido un perredista.

El presidente en turno de la Mesa Directiva, José Rosas Aispuro (PAN), turnó la minuta a la Cámara de Diputados para su revisión.

La nueva ley también castiga la venta de litros incompletos de gasolina y diésel, así como de volúmenes de gas licuado de petróleo inferiores a los que se facturan al consumidor.

El concesionario y sus operadores que incurran en estas prácticas delictivas pueden hacerse acreedores a cárcel, multa y pérdida de la concesión, en proporción al volumen del combustible no despachado.

Así, por extraer sin autorización —en cantidades menores a 300 litros hasta más de 30 mil— hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos o instalaciones de asignatarios, contratistas o permisionarios, se impone cárcel de cinco hasta 30 años. Además, multa de 40 mil a 50 mil días de salario mínimo.

El Senado aprobó que sea delito grave la “ordeña” de ductos, el robo de crudo en campos de producción, así como en puertos de embarque, área de las que se reconoce control del crimen organizado.

Van por litros de a litro. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Omar Fayad Meneses (PRI), dijo que empleados de Pemex y población de las localidades acceden bajo amenaza de muerte a los propósitos de los delincuentes.

También se impone de cinco a 10 años de prisión y multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo a quien venda al consumidor litros incompletos de gasolina y diésel, y cometa fraude al despachar gas LP.

Fayad Meneses, autor de la iniciativa, explicó que se tipifica el delito de terrorismo en instalaciones petroleras que será sancionado con 40 y hasta 60 años de prisión y multa de 65 mil y hasta 75 mil días de salario mínimo.

Para el caso de sabotaje en equipos, instalaciones o bienes muebles o inmuebles de la industria de los hidrocarburos, la sanción va de 30 a 40 años de prisión, y multas de 50 mil y hasta 65 mil días de salario mínimo.

El legislador priísta explicó al pleno que en ningún caso se podrá considerar sabotaje, “el ejercicio del derecho a la manifestación y expresión de opiniones e ideas o la libertad de reunión”, lo cual fue una aportación a la ley por parte del PRD que sumó sus votos a la gran mayoría del tema.

Del despacho de litros incompletos de gasolina y diésel en gasolineras, el priísta Fayad detalló que la sanción aplica a partir de 1.5% y más de faltante en el despacho del combustible, y de 3%, en la venta de gas LP, lo cual “puede parecer muy pequeño, (pero) se sabe que ante lo continuo del delito, éste alcanza cifras considerables”.

Por ello, subrayó, la ley castigará con cinco y hasta diez años de cárcel, y multa de cinco mil y hasta 15 mil días de salario mínimo.

Dijo que se trata de una ley “estrictamente penal”, que modifica el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, que fueron objeto de ajustes.

El coordinador del PT, Manuel Bartlett Díaz, dijo que es una ley para el paquete de la reforma energética, que crea un estatuto penal a satisfacción de las petroleras que van a invertir en México, pues asegura medidas de acción contra sabotajes y terrorismo.

La senadora Pilar Ortega (PAN) dijo que lo extenso y complejo de la red, ha facilitado el robo de hidrocarburos a través de la instalación de tomas clandestinas en el sistema de ductos.

“Paralelamente a este delito se generaron otros ilícitos como son: el asalto a pipas, secuestros de carros tanque, extracción ilegal de materiales y equipo. El propósito, apoderarse ilegalmente de los hidrocarburos.

“El fenómeno delictivo se origina por la necesidad de autoconsumir combustibles, luego fue comercializado a pequeña escala, resultando ser muy rentable, por lo que la delincuencia procedió a vender ilícitamente hidrocarburos a gran escala”.

Dijo que que es un paso importante para combatir estos delitos, pero en su momento tendrá que ajustarse al sistema penal acusatorio.

La vicecoordinadora del PRD Dolores Padierna argumentó el voto a favor (Rabindranath Salazar, afiliado a Morena pero integrante de la bancada fue el único en contra), y dijo que se eliminó criminalizar la defensa de las comunidades en zonas petroleras.

jram