El diputado panista Fernando Rodríguez Doval, hizo un llamado al presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, para sacar de la congeladora a la brevedad, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con la intención de acabar con cada uno de los escándalos de malos manejos que se han documentado en la administración pública, y que todavía están "en la impunidad y en el plano de lo anecdótico".

Destacó que con la ayuda de la sociedad civil organizada, académicos y asociaciones, los diputados aprobaron la reforma para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que aborda el fenómeno de la corrupción de forma integral; "sin embargo, al día de hoy esta gran propuesta no ha podido seguir su cauce legislativo, pese a los alarmantes niveles de corrupción que se viven tanto a nivel local como federal", comentó.

"Un caso emblemático es el de la Línea 12 del Metro, que es el mayor fraude que han sufrido los habitantes del Distrito Federal. Mientras se garantiza la impunidad de los responsables de esta obra fallida, la administración actual a cargo de Miguel Ángel Mancera se corona con un nuevo escándalo, con un secretario de Obras y Servicios que incurre en conflicto de intereses al otorgar millonarios contratos a su esposa. No vemos distinción entre una gestión perredista y otra", afirmó en un comunicado.

En este sentido, Rodríguez Doval aprovechó para señalar que el jefe de Gobierno, debería privilegiar aquellos perfiles que ofrezcan una declaración de intereses, sobre todo en aquellas secretarías que tienen la facultad de otorgar contratos y recursos.

"Con la reforma anticorrupción se obligará a todo funcionario a presentar su declaración de intereses. Dado el escándalo de la Línea 12 y el del ahora ex secretario de Obras, el jefe de Gobierno debería anticiparse a lo que en algunas semanas esperamos sea una realidad", puntualizó.

El legislador panista dijo que por estos sucesos, Acción Nacional está listo para emprender una campaña a favor del Sistema Nacional Anticorrupción en los congresos locales, ante el rechazo de algunos gobernadores quienes ven amenazado el ejercicio discrecional de los recursos públicos y de su administración en general.

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