El pleno del Senado recibió de la Cámara de Diputados la minuta que crea el sistema nacional anticorrupción, con el que se pretende prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y personas morales.

Además de fiscalizar y controlar los recursos públicos, el proyecto también prevé que el sistema se integre por instancias administrativas y jurisdiccionales encargadas de la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de funcionarios o particulares que cometan actos de corrupción contra la administración pública.

El sistema contará con un comité coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) , de la fiscalía responsable del combate a la corrupción y de la secretaría del Ejecutivo federal responsable del control interno.

Además del comisionado presidente del organismo garante que establece el artículo 6 de la Constitución, del magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como de representantes tanto del Consejo de la Judicatura Federal como del Comité de Participación Ciudadana.

El comité coordinador podrá emitir recomendaciones a las autoridades con el fin de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.

El proyecto señala que las entidades federativas deberán establecer sistemas locales anticorrupción que sirvan como mecanismos de coordinación para el diseño y la evaluación de políticas de educación, concienciación, prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

La minuta enviada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como de Estudios Legislativos, propone fortalecer las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior, que así podrá revisar la totalidad de los recursos públicos destinados a otros órdenes de gobierno.

El proyecto plantea un nuevo esquema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como de hechos de corrupción en que incurran ambos.

Las responsabilidades administrativas graves cometidas por funcionarios serán investigadas y sustanciadas tanto por la ASF, como por órganos internos de control; su sanción corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a sus homólogos en las entidades.

En cuanto a las no graves, el proyecto plantea que sean investigadas, sustanciadas y resueltas por los órganos internos de control.

En el caso de particulares, los tribunales en la materia podrán determinar su responsabilidad por participación en hechos vinculados con faltas administrativas graves y, en su caso, se les determinarán las penas correspondientes.

Respecto a las personas morales, se establece que serán sancionadas cuando los hechos vinculados con faltas administrativas graves sean de personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral o en beneficio de ella.

El documento prevé que los órganos internos de control de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno podrán presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivas de delito ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción o ante las autoridades locales competentes.

Además, se amplía el plazo de tres a siete años para la prescripción de sanciones administrativas graves.

Por otra parte, la Cámara de Diputados devolvió tres oficios por los que se desechan dos proyectos de decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Turismo y uno por el que se desecha el proyecto de decreto para reformar y adicionar un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo.

Los documentos fueron turnados a las comisiones unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera.

crs