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Las violaciones a los derechos humanos, sobre todo las de carácter laboral y de acceso a la justicia que se cometen contra los policías en México, impiden que éstos desempeñen con eficiencia su labor de brindar seguridad pública, coincidieron especialistas.

Nancy López, directora del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que la mayor parte de los miembros de las corporaciones policiacas, sobre todo las municipales, padecen precarias condiciones de trabajo, pero además viven estigmatizados y son criminalizados por la población, sin tener el respaldo de las instituciones para las que trabajan.

Indicó que entre 2009 y 2011, por ejemplo, en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, se documentaron casos en los que se detuvo de manera arbitraria, se torturó y se ejerció acción penal sin justificación contra varios miembros de la policía municipal, entre ellos a los de Tijuana, Baja California, y Pachuca, Hidalgo.

Luis de la Barreda, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, realizó un diagnóstico sobre los policías, en el que puntualiza que: incurren con frecuencia en abusos, errores ostensibles y conductas delictivas; están lejos de alcanzar los mínimos suficientes de calidad profesional y confiabilidad; carecen de los conocimientos y las capacidades elementales para ejercer adecuadamente sus funciones, y no poseen siquiera los conocimientos básicos de defensa personal, disparo de armas de fuego, informática o razonamiento oral o escrito; su condición física es deplorable y tienen carencias para realizar labor de investigación.

Además, perciben salarios notoriamente insuficientes y sus condiciones laborales son precarias; no cuentan con equipos adecuados y suficientes para combatir con ventaja a la delincuencia; no están administrados, vigilados y controlados mediante los sistemas con que cuentan las modernas ciencias administrativas y de gestión de organizaciones, y no disfrutan del aprecio ciudadano, ya que se les teme, se les desprecia y se desconfía de ellos.

Pese a ello, destaca que no se les puede exigir que respeten los derechos humanos de la población en general si ésta y el gobierno no acatan los suyos.

Martín Eduardo Pérez, abogado experto en justicia constitucional y académico de la Universidad de Guadalajara, considera que una buena estrategia de seguridad pública inicia con brindar estabilidad y buenas condiciones de trabajo a los policías, pues de lo contrario pueden ser presa fácil de la delincuencia y la corrupción.

El diagnóstico. Jornadas laborales de 24 horas continuas, bajos salarios (en 2011, 44% de los policías ganaba entre 4 mil 800 y 8 mil pesos mensuales), castigos, arrestos y ceses impuestos sin el debido procedimiento por los jefes, y carencia de prestaciones sociales en algunos estados, son algunas de las deficiencias que encontró el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM en una investigación coordinada por Luis de la Barreda, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En el diagnóstico Hacia una nueva policía se reporta que los elementos municipales, custodios penitenciarios y de tránsito suelen tener condiciones laborales más precarias que las de un policía federal, ya que éstos, por ejemplo, tienen seguro de vida, de gastos médicos mayores y de retiro. Además, destaca que cuando un policía es detenido como presunto responsable de algún delito “suele suceder que predomina automáticamente el prejuicio de que es culpable” y se le procesa.

Esta situación también la documentó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Hace seis años, 25 policías municipales de Tijuana fueron retenidos ilegalmente y torturados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eran acusados de tener vínculos con el crimen organizado, pero un tribunal federal los absolvió y los liberó por no haber pruebas en su contra. Sin embargo, aún no se les ha reparado el daño a todos de manera integral y ninguno de los militares ha sido sancionado.

Nancy López, directora del área de Defensa de esta organización, considera que los policías están en situación de vulnerabilidad, pues son un sector abandonado por las instituciones.

Señala que no hay una política o intención real de mejorar sus condiciones y acercar más a la policía con la ciudadanía. “El respeto a los derechos humanos es una obligación para todos y la policía es una de las principales instituciones que dentro de sus funciones está la de respetar las garantías. Pero también se deben denunciar aquellos abusos que se cometen en su contra, porque los policías también son ciudadanos con derechos”, destaca.

La transformación. El abogado Martín Eduardo Pérez señala que el Estado debe crear políticas o planes de seguridad en los que se inicie por los policías: “Darles la seguridad que necesitan en cuanto a la estabilidad en su trabajo, al desempeño del mismo, a su jubilación y pensión, para poderle exigir el mejor desempeño en sus labores, que redunda en tener una mejor seguridad pública, pues ante esta carencia de seguridad proporcionada por el Estado al propio policía, éste tiende a delinquir para allegarse más y mejores recursos económicos”, advierte.

De la Barreda indica que a fin de que las policías estén a la altura de la misión encomendada, sus condiciones deben ser al menos las siguientes: gozar de una auténtica carrera de formación policial, salarios y prestaciones adecuados; lograr una coordinación eficaz entre los diversos cuerpos policiacos del país, y la instauración de mecanismos eficaces de control de la conducta de los elementos, que prevengan, detecten, corrijan o sancionen oportunamente sus errores, omisiones o delitos.

jram