La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral acordó sancionar al PVEM con 329.2 millones de pesos, por recibir aportaciones en especie prohibidas por la ley.

El proyecto elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE (UTF) fue aprobado por los integrantes de la Comisión y será sometido al Consejo General del Instituto Nacional Electoral el próximo miércoles.

De avalarse ese partido tendrá multas por 477 millones de pesos impuestas por el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en sus Sala Superior y en su Sala Regional Especializada, aunque la mayor parte aún sujetas a litigio y aún no son firmes.

De quedar firmes, indicó el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Benito Nacif, el PVEM podría quedarse un año sin prerrogativas.

La Comisión de Fiscalización sesionó durante más de dos horas este domingo, para resolver el proyecto de resolución en materia de fiscalización abierto tras las quejas del PRD y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por financiamiento indebido del PVEM.

La Comisión tomó en cuenta resoluciones del TEPJF según las cuales el PVEM  violó el modelo de comunicación política, pues se posicionó como partido a través de spots de supuestos informes legislativos,  es decir se benefició a través de mensajes contratados por terceros, cuando la Constitución establece que los partidos sólo pueden acceder a la radio y la televisión a través del tiempo que les otorga el Estado.

Este criterio fue tomado en cuenta para dar por acreditado que hubo aportación ilegal de recursos de legisladores en lo individual y de grupos parlamentarios, para beneficiar al PVEM.

"Esas aportaciones de entes prohibidos a los partidos políticos normalmente se sancionan con 200 % del monto involucrado"  explicó Nacif y ese monto fue tasado en 109 millones 765 mil  pesos.

Pero se propone elevar la sanción otro 100 % por el dolo en que habrían incurrido  los legisladores, quienes escalonaron sus informes legislativos para estar durante meses al aire, en criterio que contraviene a lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la forma en que deben realizarse los informes de legisladores.

Además la Comisión de Fiscalización resolvió dar vista a las contralorías de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que en el ámbito de sus competencias resuelvan lo que en derecho corresponda.