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La Administración Pública Federal (APF) erogó, a través de nueve dependencias, más de 16 mil 56 millones de pesos para el seguimiento y cumplimiento de los tratados internacionales, esto es, más de 4 mil 107 millones de pesos más de lo programado de forma inicial.

No obstante, hay poca claridad del monto total destinado a este ejercicio, ya que, de acuerdo con la Auditoría de la Cuenta Pública 2013, en total son 18 las dependencias involucradas en dar seguimiento a los tratados y solamente nueve contaron con información de los recursos programados para este fin.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no acreditó contar con mecanismos de coordinación ni con sistemas idóneos para dar seguimiento a la ejecución de tratados. La dependencia careció de información sobre su nivel de cumplimiento, el presupuesto programado y erogado para dicho propósito, así como el grado en que la legislación nacional ha sido armonizada con los tratados.

Entre las recomendaciones para esta evaluación de desempeño, la ASF indicó que de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la SRE debe considerar la pertinencia de establecer mecanismos de control presupuestario que le permitan identificar los recursos que se autorizan para cuidar el cumplimiento de los tratados internacionales.

La SRE tuvo el registro de mil 365 acuerdos vigentes en 2013, y según el informe, careció de un sistema de evaluación del desempeño para calificar el grado de cumplimiento de los tratados internacionales.

El documento de la Cámara de Diputados especifica que la dependencia no contó con un sistema de indicadores, mucho menos de resultados.

Con base en la información proporcionada por la SRE, se determinó que de los mil 365 tratados internacionales vigentes, cuya ejecución fue responsabilidad de la APF, 829 requieren de la instrumentación de acciones continuas para cumplir con los compromisos adquiridos; 317 establecen compromisos puntuales, cuyo cumplimiento pudo darse una sola vez, y los 220 restantes se activan únicamente en circunstancias específicas entre los países.

Durante el desarrollo de la auditoría, en la que incluyó información sólo de mil 242 tratados internacionales, la Secretaría registró que no se requiere armonizar la legislación nacional para la ejecución de 265 de los tratados y en 802 no especificó el grado de armonización que se requiere para la operación de los mismos.

Esa situación impide conocer la proporción del universo de tratados que requieren de la armonización de la legislación nacional para ser ejecutados.

La supervisión identificó variaciones en el número de los tratados registrados. En su respuesta, la SRE argumenta que si bien el gobierno no cuenta con un mecanismo formal, existen unidades administrativas que permiten realizar el seguimiento de los tratados. Indicó que se ha diseñado un Sistema Informático de Tratados, se encuentra en fase incipiente y no tiene aún insumos documentales.