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El presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Silvano Aureoles Conejo, llamó a todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a sumar esfuerzos para legislar en favor de una ley que erradique y proteja los derechos de víctimas de la desaparición forzada, así como la creación de un registro nacional único, confiable y certificado de personas desaparecidas.

Lamentó que en la actualidad la desaparición forzada siga siendo un problema que lastima profundamente y lacera los derechos humanos de la sociedad mexicana.

En ese sentido, se pronunció por hacer todo lo que esté al alcance del Poder Legislativo para encontrar soluciones de fondo y de largo plazo.

“En México, por lo menos, debemos sumarnos todas y todos al llamado de que nuestro país cumpla pronto con los compromisos internacionales y tener una ley que proteja a las víctimas de la desaparición forzada”, subrayó Aureoles Conejo.

El viernes la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el gobierno mexicano chocaron por el informe en el que se criticaron las condiciones que prevalecen en México en torno a las desapariciones.

Primero el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU alertó que el problema de las desapariciones en México es generalizado, que se presenta en gran parte del territorio nacional, en muchos casos intervienen servidores públicos y las condenas por este delito son prácticamente inexistentes.

Tipificar. La vicecoordinadora del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Lilia Aguilar, urgió a que el Congreso de la Unión dictamine cuanto antes las iniciativas que están en comisiones, en las que se tipifica la desaparición forzada según los estándares internacionales.

La legisladora, quien es integrante de la Comisión Especial que investiga el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, indicó que “ante el informe del Comité de Naciones Unidas, el gobierno mexicano debe dar una repuesta objetiva y acatar las observaciones, pues al ser parte del problema como lo indica el informe, tiene que actuar para ser ahora parte de la solución”.

Indicó que la primera acción a realizarse es que el Estado acepte que los ciudadanos pueden quejarse ante la ONU, ya sea individual o colectivamente, sobre casos de desapariciones para que el país cumpla con sus obligaciones internacionales.