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En México aún se recurre a la práctica de la tortura por lo que su erradicación es uno de los retos que el Estado enfrenta a diario, admitió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que dio por concluido el diferendo que surgió con Juan Méndez, el relator especial de Naciones Unidas en la materia.

La Cancillería mantuvo su rechazo al contenido del informe que el relator presentó el 9 de marzo pasado, en el que sostuvo que la tortura en México es una “práctica generalizada” y reafirmó su desacuerdo por el papel que desempeñó Méndez, a quien en días pasados acusó de violar el Código de Conducta que rige su mandato.

Al cerrar este capítulo, la SRE dejó en claro además que este incidente no impedirá que México mantenga su política de apertura al escrutinio internacional en materia de Derechos Humanos, como ocurre desde hace varios años a iniciativa del gobierno.

Como lo adelantó EL UNIVERSAL, la SRE preparaba una respuesta a las discrepancias con algunas valoraciones del relator en su informe, así como por las declaraciones que siguieron en el marco de una confrontación.

En un comunicado, la SRE reconoció “sin la menor ambigüedad, que existen retos significativos para lograr, en los hechos, una mejor y más amplia protección de los derechos humanos en el país”.

Admitió además que “la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada, lo que representa uno de los retos que el Estado asume y enfrenta diariamente para una pronta solución”.

La dependencia aseguró en este contexto que “el Estado mexicano tiene un compromiso ineludible con la protección y la promoción de los derechos humanos. Así lo acredita el trabajo de todos los órdenes de gobierno de los últimos años, enfocado a fortalecer el marco jurídico e institucional que le da respaldo y lo garantiza”, aseguró.

Si bien la SRE valoró positivamente la visita y las recomendaciones del relator Méndez por la importancia que se asigna a la cooperación con los mecanismos internacionales, reiteró que en el documento de conclusiones del relator, existen inconstencias a las que no se ha podido dar sustento, por lo que hizo algunas aclaraciones.

Discrepancias. Destacó que la visita del relator se realizó mediante un proceso preparatorio que se llevó a cabo en “estrecha cooperación” con su oficina durante varios meses, la cual está reconocida en el informe.

Sobre las declaraciones de Méndez respecto ha que fue presionado por diplomáticos mexicanos para cambiar el sentido del informe, la SRE expuso: “el Código de Conducta al que están sujetos los relatores requiere de ellos que ‘al expresar sus opiniones… [deben] indicar también con imparcialidad las respuestas proporcionadas por el Estado de que se trate’. Catalogar la posición de la SRE como presión va contra el espíritu y la letra de este código”, expuso.

La dependencia indicó que existen discrepancias con algunas de las valoraciones realizadas por el relator Méndez, tanto en el informe como en las declaraciones que le han seguido, pues la afirmación de que “en México existe una ‘práctica generalizada’ de tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden”, no corresponde a la realidad, comentó.

La SRE también señaló que el relator realizó visitas a centros penitenciarios, centros de arraigo, centros de readaptación para menores y estaciones migratorias, y que muchas de ellas se hicieron “sin previa cita y con muy poco tiempo de preparación”.

“El relator asegura categóricamente que no recibió en ningún momento denuncias de tortura. Así lo dice y lo reitera en su propio documento”, recordó.

“[El relator] indica que, cuando se lleva a cabo, la tortura se realiza entre el momento de la detención y la puesta a disposición de la persona ante el juez. Nuevamente, todo esto no es congruente con la afirmación de que la tortura se practica en forma generalizada”, argumentó.

Méndez define el término “generalizada”, agregó, como actos que no son aislados, lo que contrasta con la defición ordinaria de este término y con su acepción jurídica internacional.

Además, la Cancillería expresó que el relator transmitió los datos sobre 14 casos de tortura, pero “se ha proporcionado información sobre el estado que guarda la investigación correspondiente en 12 de ellos”.

Compromiso. Al margen de este diferendo, la Cancillería indicó que México rendirá cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de las recomendaciones contenidas en el informe del relator.

“México está y se mantendrá abierto al escrutinio internacional y a la plena cooperación con todos y cada uno de los diversos mecanismos existentes en el ámbito regional y universal, así como a la cooperación con otros organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Unión Europea y otros países”, añadió.