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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la perredista Angélica de la Peña, dijo que en la Cámara Alta alistan el proceso de legislación de las leyes generales en materia de desaparición forzada y tortura.

Ambas leyes deberán ser expedidas por el Congreso de la Unión, una vez que el decreto de reformas a la Constitución que lo facultan pase por la ratificación en, por lo menos, 17 estados de la República.

El pasado 30 de abril al concluir el último periodo ordinario de la 62 Legislatura, la Cámara de Diputados agregó un párrafo al artículo 73 de la Constitución para que el Congreso de la Unión expida las leyes generales y los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, privación de la libertad contrarias a la ley.

También en materia de trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

El dictamen establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Sobre esto, De la Peña Gómez dijo que se han presentado más de 20 iniciativas referentes a la desaparición forzada, y sus contenidos empezaron a ser estudiados con más detenimiento a partir de la aprobación constitucional.

“Yo distingo dos leyes generales: una que tiene que ver con la materia de tortura y otros tratos crueles y degradantes; y el que tiene que ver con desaparición de personas, de manera específica la desaparición forzada de personas o la desaparición perpetrada entre particulares”.

Explicó que contar con una ley general en materia de desaparición forzada, “unificamos un solo tipo penal en todo el país y definimos las sanciones que tiene que establecerse para este tipo único penal”.

Agregó que “es importante articular un solo tipo penal, una sola sanción de privación de la libertad y, sobre todo, distinguir dos tipos de delitos, el que tiene que ver con la desaparición forzada, perpetrada por agentes del Estado o la que tiene que ver entre particulares.

“Es decir, los estragos de la delincuencia organizada que por desgracia a lo largo del país hemos encontrado una gran cantidad de personas desaparecidas precisamente a consecuencias de los asuntos de la delincuencia organizada”.

La reforma constitucional dispone que haya un registro nacional de personas víctimas de desaparición.

Al respecto, la senadora perredista dijo que “es muy importante que configuremos mecanismos indispensables para la persecución de estos delitos de manera eficaz, como (por ejemplo) un solo registro nacional de personas desaparecidas, un solo registro nacional de datos forenses, de ADN; y por supuesto, un solo protocolo para la declaración de ausencia en el caso de la desaparición de personas.

Agregó que una tarea por realizar es “configurar cuál es la característica de estas personas que han desparecido, para saber cómo tiene que lograrse justicia, la reparación del daño y por supuesto, siempre con el objetivo de encontrarlas vivas”.

La materia de desaparición forzada es considerada como la de mayor peso en el marco de los derechos humanos desde la reforma realizada a la Constitución de 2011.