Cananea, Sonora

El terreno árido desanima a don Ramón Quijada Acuña. En su pedazo de tierra no brotan los pastizales, el sorgo, el maíz, la cebada. Nada. El arroyo que corría por su propiedad está vacío y se secaron las grandes arboledas. No puede sembrar y cada vez tiene menos ganado. “A las autoridades les hemos entregado muestras que analizamos y dicen que el agua se puede tomar, pero ellos no se quieren echar ni un traguito”, dice con su acento bronco.

Con nostalgia cuenta que en la propiedad que comparte con su familia antes había tierras para regar, huertas con frutos y arboledas grandísimas bajo las cuales la gente de Cananea se reunía a bailar. “Se hacían unas pachangas a todo dar, ahorita no se paran ni los chapulines”, relata el hombre de 66 años.

Don Ramón es un ranchero franco, que sin rodeos culpa a la Minera Buenavista del Cobre (propiedad de Grupo México) de la desgracia que viven los pobladores desde los años 90. Ahora él, como ya no tiene qué sembrar ni mucho ganado que alimentar, trabaja como velador. “Ahorita es un desierto porque se secó todo el arroyo y lo que corre es agua contaminada. Nuestros animalitos van y toman agua como a seis kilómetros abajo, y los pobres se acaban la energía en ir y venir”, dice.

Él, junto con una veintena de primos y hermanos, es propietario de un gran predio conocido como Ojo de Agua de Arvayo, en Cananea, que heredaron de sus papás y éstos a su vez de sus abuelos.

Una investigación realizada por EL UNIVERSAL revela que desde agosto de 2001 hasta el pasado 6 de agosto, antes de que ocurriera el derrame en el Río Sonora, considerado el peor desastre ambiental provocado por la industria minera del país, la Profepa había recibido 18 denuncias contra Grupo México.

Pero no sólo la Profepa conoció las irregularidades de la mina ubicada en Cananea, también la Semarnat, la Conagua, el Ayuntamiento de Cananea, el gobierno de Sonora y la Cámara de Diputados, según expedientes obtenidos por este diario vía la Ley de Transparencia.

Para José Luis Moreno Vázquez, investigador del Colegio de Sonora, quien ha escrito artículos sobre la problemática ambiental del estado, las autoridades han sido “laxas” con Grupo México y con las mineras en general. “Tanto la Federación como el gobierno estatal prefieren hablar de oportunidades de empleo que de costos ambientales y sociales”, afirma.

Una probable explicación de por qué no actuaron las autoridades ante las denuncias, es que particularmente en los sexenios panistas el empleo y el crecimiento se convirtieron en dogmas de fe, “por lo que el cumplimiento de las regulaciones ambientales se relajó”.

En Sonora actualmente hay más de 200 proyectos mineros en explotación, exploración avanzada o exploración, y Moreno dice que su contribución es menor a 1% del valor total que generan. “Una gran parte se ubica en las cabeceras de las cuencas, que es donde nacen los ríos. De ahí el riesgo para las partes media y baja de las cuencas de los ríos Yaqui, Sonora, Mayo y San Pedro”, advierte.

Las quejas

A la denuncia de don Ramón se suman las de otros ganaderos y pobladores de la zona que se han visto afectados por la minera, como la de Humberto Gortari Martínez, quien el 15 de abril de 2008 acusó: “El agua está de color verde y ni las vacas la toman”; y la de Carlos Alberto Paz, quien alertó sobre el ácido que soltaba la compañía, que afectaba sus siembras y estaba “acabando” con los animales.

Tras esto, la Profepa inició con el procedimiento de Inspección y Vigilancia, y el 15 de abril de 2008 se le informó a la compañía de las quejas. El 8 de diciembre de 2008, Isaac López Arzola, representante legal de la empresa, respondió que estaban construyendo un cárcamo de bombeo a fin de recuperar la filtración de agua de la presa de jales y evitar su flujo hacia el arroyo. La presa de jales sirve para captar los llamados “jales”, desechos o residuos procedentes del proceso de concentración de mineral de cobre.

Aunque ya casi se tenía la obra concluida, se justificaba diciendo que el trabajo no se podía realizar porque la compañía no contaba con el control de las instalaciones, debido a una huelga que había iniciado en julio de 2007.

Derrame previo

El derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014 en el Río Sonora no fue un incidente nuevo. Más bien parecía una tragedia ambiental anunciada. Desde 2008 la compañía ya había registrado un escurrimiento en el arroyo Tinajas, que está conectado a los Río Sonora y Bacanuchi.

Este derrame quedó al descubierto después de una queja interpuesta el 8 de octubre de 2008 por Jesús M. Verdugo, quien informó a la Profepa de la contaminación en el Río Bacanuchi y el Río Sonora. “En el interior de la planta Mexicana de Cananea se han detectado derrames de agua ácida (ácido sulfúrico), resultado de la filtración de los represos, así como de los terrenos lixiviados que se encuentran en el interior de esta planta y los cuales están contaminando el río Bacanuchi y todo lo que resta del Río Sonora”, quedó asentado en el expediente.

Jesús tenía razón. En un oficio, Isaac López, representante de la entonces llamada Mexicana de Cananea, informó a la Profepa que en agosto de 2008 “se produjo una situación no previsible de escurrimientos de terrenos de tepetate (material de desecho de mina con muy bajo o escaso contenido de cobre)” que llegaron a un pequeño bordo, el cual al llenarse se vertió. Al detectarse el problema de escurrimiento producto de las lluvias extraordinarias, personal de emergencia procedió a la colocación de tubería y una motobomba para enviar el agua al represo Álamo II para su control, cita en el oficio.

Pidieron ayuda al gobernador

Las palabras con las que Rosa María Escalante describía un presunto derrame de ácido sulfúrico y otros tóxicos de la presa de jales de la mina de Cananea que se vertieron hacia el Río Sonora, fueron alarmantes: “Grave contingencia”. El 18 de febrero de 2009 la denunciante aseguraba que los derrames habían contaminado el río. Pedía una remediación del daño ambiental y reprochaba que aunque desde septiembre de 2008 había presentado otra queja, no se había actuado.

A estas acusaciones, otro de los representantes de la empresa, Julio Alfonso Madrid, contestó que debido a una huelga que había estallado desde el 30 de junio de 2007 no se podía acceder a las instalaciones de la mina para continuar con los trabajos de mantenimiento de las presas.

Pero la huelga acabó y las quejas siguieron. En agosto de 2011, Antonio Gortary Figueroa y otros 13 ciudadanos de Cananea le enviaron un oficio al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, donde le solicitaban su intervención para llegar a un arreglo con Buenavista del Cobre.

“Le estamos solicitando su ayuda para que por su conducto nos pueda ayudar a seguir trabajando nuestras tierras, ya que la empresa nos tiene los arroyos sin agua”. La denuncia fue turnada a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable de Sonora, que a su vez la mandó a la delegación de la Profepa y a la Conagua.

El 28 de octubre de ese año, personal de la delegación Profepa visitó la empresa Buenavista del Cobre, donde recorrió el bordo y la cortina de la presa de jales sin detectar derrames. Lo que sí encontró fue una filtración de agua de la presa de jales, que descargaba en un pequeño arroyo que a su vez era afluente del arroyo Ojo de Arvayo, y éste último desembocaba en el Río Sonora.

Según los inspectores, se les informó que aquella era una mezcla de agua subterránea con agua de infiltraciones de la presa de jales. Pero para ellos no fue prueba suficiente de que los desechos generados por Buenavista del Cobre llegaban a los arroyos de la región, y dictaminaron: “Esta agua se ve cristalina a simple vista y en el lecho del arroyo hay crecimiento de vegetación; asimismo se observó ganado pastando”.

En terreno de la Cámara de Diputados

A finales de septiembre de 2011, el diputado Miguel Pompa Corella, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a Conflictos Mineros, envió una denuncia al titular de la Semarnat y otra al de la Profepa.

El legislador les solicitaba su intervención para atender las demandas de pobladores de Cananea, quienes aducían desaparición de flora y fauna en el denominado Ojo de Agua, y contaminación en afluentes que llegan muy probablemente a los ríos Sonora y San Pedro.

“Existe malestar social por el detrimento de las actividades económicas agropecuarias afectadas por minerales tóxicos que los vecinos afirman están presentes en los afluentes hidrológicos de la región”, explicaba.

La queja la archivó la Profepa en la delegación Sonora, y a ésta se sumó una nueva denuncia —el 23 de enero de 2012— turnada por el gobierno de Sonora sobre una presunta contaminación de residuos tóxicos que había llegado a Arizona, Estados Unidos, por agua, tierra y aire. Estos contaminantes, proseguía, habían acabado con todo a su paso: “El ganado muere al ingerir estas aguas, huertos muy productivos de frutas son cascajos muertos por los ácidos contaminantes”.

El 13 de agosto de 2012, la Subdelegación de Inspección Industrial reiteró que no existían irregularidades a la normatividad ambiental y que al no haber réplica por parte de los denunciantes en el plazo determinado la denuncia popular se declaraba concluida.

Daño ecológico

Desde 1970, Arturo Cuen Díaz es poseedor de un predio denominado La Matanza, ubicado a dos kilómetros al sureste de Cananea, donde edificó la casa donde vive con su familia y construyó corrales para el ganado y almacenes.

Sobre su predio corre un arroyo que desde hace 10 años ha sido impactado por aguas industriales que provienen del proceso de explotación de Buenavista del Cobre, las cuales, dijo, han invadido hasta los almacenes y su propio domicilio “sin el menor respeto a los derechos humanos, salud y dignidad personal”.

En su denuncia del 3 de mayo de 2012 el hombre asegura que ha reclamado a la empresa que se haga responsable del impacto ambiental en su propiedad, ya que su familia y el ganado están sujetos a esta contaminación.

El 6 de noviembre de 2012 la Subdelegación Jurídica de la Profepa informó que el expediente estaba concluido por la emisión de una “resolución administrativa”. Pero las inconformidades continuaron y, unos meses antes de que se registrara el derrame de metales pesados, la Profepa había admitido una nueva denuncia en contra de Buenavista del Cobre, firmada por Jorge Martín Camacho Bustillos.

En el oficio del 24 de febrero de 2014 señalaba un serio daño ecológico, por parte de la minera, a la sierra Elenita, un ícono para los habitantes de Cananea. “Sé que Grupo México es bien poderoso y tiene un gran peso económico, pero mi esperanza y la de miles de cananeenses es que a ustedes no les temblará la mano para poner orden en esta lamentable situación”, mencionó.

En una inspección al predio se constató que para instalar una subestación eléctrica se eliminó la vegetación forestal de forma irregular. Sin embargo, el superintendente del proyecto mostró un oficio donde se autorizaba el cambio de uso de suelo. Tras esta visita se instauró un procedimiento administrativo por parte de la subdelegación jurídica, que el 30 de octubre de 2014 resolvió el asunto en favor de la empresa.