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Sin ningún antecedente similar de conflictividad social y violencia política como el que se vive en el país, hoy se realizan elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados y locales en 17 entidades.

Son los comicios simultáneos más grandes en la vida democrática nacional, pues además del proceso federal en nueves estados se decidirán gubernaturas y en 17 se renovarán congresos locales y ayuntamientos o jefaturas delegacionales.

Las novedades no terminan ahí. Las reglas del juego electoral y el árbitro también son nuevos, ambos derivados de la más reciente reforma político-electoral, que aprobó el Congreso de la Unión el año pasado.

Creado hace 14 meses, el Instituto Nacional Electoral (INE), herencia del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), estará a prueba hoy, cuando se concretarán las primeras elecciones nacionales que organiza.

En ellas podrán participar 83.5 millones de ciudadanos para renovar los gobiernos de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

Esas entidades también renovarán sus legislaturas locales y ayuntamientos al igual que en Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Tabasco y Yucatán, mientras que en el Distrito Federal cambiarán delegados.

Las crisis previas. Anoche, consejeros electorales se reunieron para afinar los últimos detalles de las elecciones intermedias.

Los comicios tuvieron como antecedente una crisis en el INE debido a que en los últimos días de febrero pasado, un bloque de siete partidos denunció que el Instituto emitió decisiones, posturas y votaciones para favorecer al PRI-PVEM.

La salida de los representantes partidistas de las reuniones del consejo general ahondaron la crisis, que al final fue resuelta.

Días más tarde, el martes 19 de mayo, circuló en redes sociales un audio en que se escuchaba al consejero presidente Lorenzo Córdova hacer comentarios “jocosos” sobre un representante de comunidades indígenas.

El INE presentó una denuncia ante la PGR debido a que se trató de una grabación ilegal, de una conversación privada.

Para esta ocasión, producto de la nacionalización de las elecciones, el INE capacitó a todos los ciudadanos que serán funcionarios de casilla y es el responsable de instalarlas para comicios federales y locales concurrentes.

Por ello funcionarán por primera vez 83 mil 741 casillas únicas, donde se recibirán los votos por diputados federales y por autoridades locales en los estados con elecciones.

Así, estará a prueba el nuevo modelo nacional, pero también los consejeros de 17 entidades que fueron designados por el INE como integrantes de los nuevos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de igual número de entidades, expuso el consejero del INE Marco Antonio Baños.

Adversidades por doquier. Amén de la tarea organizativa, que el INE se perfila superar con la instalación de casi la totalidad de 148 mil 907 casillas programadas, el contexto es adverso como nunca y podría llevar a que no opere una parte mínima de las mesas de votación de ese universo.

La coyuntura es “sumamente adversa como nunca había ocurrido en el país, pero estamos listos para instalar casi la totalidad de las casillas”, recalcó Lorenzo Córdova.

Pero el consejero presidente del organismo admitió también que “este proceso está del principio al final plagado de excepcionalidad”.

Aludió como uno de esos elementos inéditos la violencia, sin dar cifras ni hechos concretos, pero desde que inició el proceso, en octubre, han sido asesinados 21 políticos entre precandidatos, candidatos y dirigentes de diversas fuerzas políticas.

Algunas de las entidades donde habrá proceso local son, además, escenario de batallas entre grupos del crimen organizado como Michoacán, Guerrero, Jalisco y Nuevo León.

Movimiento pre-electoral. También está la conflictividad social, que no se esperaba llegara al grado de poner en riesgo la instalación de casillas —que todavía hoy está en duda operar a plenitud— en Oaxaca, por lo menos.

Aunque un boicot electoral fue puesto en la mesa a fines de 2014 por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, el movimiento social generado en torno a la demanda de investigación y fin a la impunidad por esos hechos, se diluyó, por lo menos por ahora.

Fue el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el que se radicalizó en dos semanas y ha puesto en duda la operación normal de la elección, por lo menos en Oaxaca, en donde ayer se cumplieron seis días de toma de Juntas Distritales del INE.

La liberación parcial de instalaciones aún prosperaba anoche, pero nunca había ocurrido una toma de instalaciones electorales que pusiera en riesgo el proceso federal en ningún rincón del país.

Tampoco tiene precedentes la destrucción y robo de material previo a una jornada y no como producto de protestas poselectorales, que llevó a la reimpresión de al menos 150 mil boletas de proceso federal y local de Guerrero y Oaxaca.

Y apatía como nunca. A la organización, capacitación y realización de la elección se sumó otra preocupación más para el Instituto Nacional Electoral (INE): el abstencionismo.

Lo ocurrido con los normalistas en Iguala, Guerrero, presuntamente por órdenes del gobierno del PRD en ese ayuntamiento, atizó el descontento con la política y los políticos, y alentó llamados al boicot electoral y el anulismo de votos.

Al respecto Córdova Vianello reconoció que esa situación se reflejó en la capacitación de los ciudadanos que hoy serán funcionarios de mesas de casilla, que al final fue exitosa pero, admitió, costó más convencerlos.

Eso “en todo caso es algo que hay que estudiar, porque algo está pasando, no sé si sea el descontento con la política, el descontento social o de inseguridad en el país, no lo sé”, sostuvo.

Dado que el referente de la elección federal más próxima, la del año 2009, hubo 43% de participación ciudadana, el INE espera que ahora podría aumentar a 44%, es decir, habría un abstencionismo de 56% de la lista nominal, cuando menos, de acuerdo con el consejero Enrique Andrade.

Campañas de acusaciones. Para la contienda rigió un nuevo sistema de resolución de controversias. La litigiosidad del proceso se reflejó en aumento de 200%.

EN la solicitud de medidas cautelares, en total 327, indicó la consejera Beatriz Galindo, quien dijo que de 398 denuncias 81 fueron por presunta calumnias.

La elección además se caracterizó por la mayor sanción a un partido durante un proceso electoral: el PVEM, denunciado por generar inequidad y al que, tan sólo el INE, impuso multas por 396 millones de pesos.