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El Ejecutivo matizó su postura sobre algunos temas encorchetados en la Ley General de Transparencia, como la entrega de información en caso de condonación y cancelación de créditos fiscales, donde se daría los datos con nombre, razón social y RFC de las personas que obtuvieron este beneficio.

Empero, en el caso de “exenciones fiscales” sólo entregará información estadística, pues abrir ese tema resulta “imposible”.

El consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Rodrigo Espeleta, dijo que el IFAI no debe aplicar sanciones sino que deben ser los entes encargados de las sanciones administrativas, ello para ir en paralelo con la minuta para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Al participar en las audiencias públicas, en el Senado, Espeleta, quien asistió en lugar del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, aclaró los puntos que el jefe del Ejecutivo envió al Senado y que han sido señalados como “preocupantes” por organizaciones civiles y expertos en derecho de acceso a la información.

Pide Islas retomar minuta. En su exposición, el académico de la UNAM, Jorge Islas, pidió a legisladores retomar la minuta presentada por organizaciones de la sociedad civil y las tres principales fuerzas políticas porque es la que más se ajusta al texto constitucional.

Urgió a que no se introduzca el agregado de la Consejería Jurídica de la Presidencia, respecto a la prevalencia de la ley general sobre otras leyes federales, de lo contrario pone en riesgo lo establecido en la reforma constitucional y existirá la posibilidad de crear confusión.

“En la aplicación e interpretación de la ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución en los tratados internacionales, así como en las resoluciones y sentencias que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, afirmó en su turno Jorge Islas.

Mauricio Merino (CIDE), celebró que el Senado abra audiencias, pues se ha interrumpido el diálogo y consenso que hubo en la presentación de las leyes secundarias.

Refirió que se reunieron con el consejero jurídico de la Presidencia, hace una semana, para expresarle sus preocupaciones sobre los documentos que se habían filtrado y que éste les hizo llegar documentos y “tras escuchar al representante de la Presidencia veo que nuestro largo listado de preocupaciones ha venido disminuyendo”.

En su participación, organizaciones como como Fundar, Artículo 19, la Alianza por el Gobierno Abierto y la ex comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, pidieron no eliminar la facultad para que el instituto pueda abrir información en casos de violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

Peschard dijo que el IFAI no sustituye ni interviene con la CNDH, y que se ha abierto información como los migrantes de San Fernando, Tamaulipas, aun cuando la comisión tardó más de dos años en decretar violación a derechos.