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Sin ninguna modificación, el pleno de la Cámara de Diputados avaló —con 264 votos en favor, 68 en contra y una abstención— la minuta con la que se crea la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la envió al titular del Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

Con esto y después de cinco horas de debate, los diputados avalaron el artículo transitorio que impulsaron los senadores que no permite conocer información específica de la actual 62 Legislatura de la Cámara de Diputados (como las subvenciones a los grupos parlamentarios), pues en este caso entrarán en vigor las normas hasta el 31 de agosto, fecha en que concluyen sus cargos.

A pesar de que grupos parlamentarios como el PAN, MC, PRD y Nueva Alianza pidieron la eliminación de este transitorio en algunas de las 58 reservas, al final quedó vigente en la ley. Representantes del Partido del Trabajo y de la agrupación de diputados de Morena, desde el principio, fijaron su postura de rechazar ese dictamen, con el argumento de que tiene contradicciones y de que es una iniciativa que no va a fondo para permitir la rendición de cuentas.

La reforma obliga a transparentar y permitir el acceso a su información a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos, partidos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, entidades federativas y municipales.

Opacidad para funcionarios

Además, estas mismas instancias deberán proteger los datos personales que obren en sus archivos.

Quedó fuera la obligación de publicitar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, la protección a informantes.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cambiará de nombre por el de Instituto Nacional de Transparencia. El nuevo instituto será cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, que se encargará de coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública de transparencia.

El dictamen establece que toda persona tiene derecho al acceso a la información sin discriminación, ni estará condicionado a que el solicitante acredite interés de ningún tipo o justifique su utilización.

Toda la información generada, obtenida, adquirida o transformada, en posesión de sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada como reservada por “razones de interés público y seguridad nacional”. La reserva será de 12 años máximo.

Las bondades

El presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Abel Octavio Salgado, dijo que con esta ley se termina cualquier privilegio para personas físicas, partidos políticos, sindicatos y fideicomisos.

Precisó que se amplió el catálogo de obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados para pasar de 17 a casi 50, entre las que destacan las relacionadas con gastos relativos a la comunicación social y publicidad oficial; los montos, criterios y convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes por cualquier motivo se les asigne o permita usar recursos públicos.

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados; la información sobre los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza. “En general, una serie de obligaciones que la ley considera de relevancia toral para su difusión pública, constante y proactiva”, dijo.

En su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció a los diputados y agregó: “Con esta Ley histórica, construida en la pluralidad, se fortalece la rendición de cuentas del Estado Mexicano y el combate a la corrupción.”

El IFAI aseguró por su parte que la ley aprobada por la Cámara de Diputados es un logro de la sociedad que contribuirán al fortalecimiento de nuestra democracia.