carina.garcia@eluniversal.com.mx

La coalición PRI-PVEM propone en su plataforma electoral de 2015, con la que competirá en el proceso de renovación de la Cámara de Diputados, una revisión a fondo de la política de combate al narcotráfico y el uso intensivo de la tecnología para inhibir, investigar delitos y evitar abusos policiacos.

De acuerdo con el documento registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en materia social, esa coalición ofrecerá en campaña hacer realidad reformas recientemente aprobadas como la de pensión universal para adultos mayores de todo el país, o el seguro de desempleo.

La coalición planea contender unida en 244 distritos de los 300 en que se divide electoralmente el país, y acordó que 56 candidatos serán del PVEM y 188 del PRI.

Pero el registro de esta coalición aún será revisado por la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF), instancia ante la cual el PRD y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apelaron la autorización de priístas y verdes a coaligarse.

La plataforma acordada por ambos partidos los compromete a mejorar sus respectivos códigos de ética “a fin de prevenir actos indebidos de nuestros militantes y candidatos” y a crear una comisión que vigile el cumplimiento de los compromisos de los abanderados que resulten electos.

Respecto a la actuación camaral, PRI-PVEM proponen establecer un estatuto de los derechos y obligaciones de los legisladores en cada cámara, y “hacer obligatoria la transparencia y la rendición de cuentas en cada periodo legislativo de los recursos otorgados a cada grupo parlamentario”.

También se comprometen a reducir gradualmente los gastos de operación y representación en el Congreso, así como “programas de austeridad en el gasto”.

La plataforma registrada por esa coalición se refiere a todas las problemáticas del país, para las que propone estrategias y líneas de acción.

En el apartado de seguridad pública, PRI-PVEM exponen como línea de acción número uno “revisar a fondo la estrategia contra el narcotráfico enfatizando y fortaleciendo el sistema de fiscalización de drogas, que ha arrojado resultados negativos [cultura narcoparamilitar, incremento del narcomenudeo y el consumo interno, más delitos del fuero común)”.

Sugiere por ello “privilegiar las medidas que plantea la Convención de Palermo [generación y uso de información de inteligencia], incorporando una estrategia de atención integral”.