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El PRI en el Congreso de la Unión adelantó que su prioridad para la agenda parlamentaria —en el periodo ordinario que inicia en febrero— está relacionada con la aprobación del Sistema Nacional de Integridad Pública, el Sistema Nacional de Transparencia, así como reformas al campo.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que su bancada tiene como prioridad concretar el marco jurídico del Sistema Nacional de Integridad Pública que, junto con el Sistema Nacional de Transparencia, darán al país —desde su óptica— un modelo integral para combatir con mayor eficacia la corrupción de la vida pública.

A través de un comunicado, el líder de la fracción del PRI en San Lázaro aseguró que se concretarán la aprobación de estas reformas en los primeros días del próximo periodo ordinario.

Recordó que actualmente se analiza en el Senado la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se deriva de la reforma aprobada en diciembre de 2013. Esa ley, añadió Beltrones Rivera, reforzará el derecho de los ciudadanos a acceder a la información del gobierno y ampliará las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de toda persona, física o moral, que reciba recursos públicos.

De acuerdo con Beltrones, esa ley pendiente potenciará los resultados del Sistema Nacional de Integridad Pública, también previsto en la Constitución, cuya aprobación está muy cercana por los acuerdos que se han alcanzado entre las principales fuerzas políticas.

Beltrones Rivera dijo que los diputados del PRI trabajan para que se fortalezca la coordinación del Sistema Nacional de Integridad Pública con base en cuatro ejes: el primero, una Fiscalía Anticorrupción que formará parte de la nueva Fiscalía General que reemplazará a la actual PGR, además de que se modificará la Constitución para ampliar la figura de extinción de dominio y aplicarla en los casos de enriquecimiento ilícito.

El segundo tema es un Tribunal Fiscal y Administrativo que no sólo obligue a los funcionarios a rendir cuentas, sino que también aplique las sanciones administrativas que correspondan.

El tercero es hacer una Auditoría Superior de la Federación con mayores facultades de investigación y sanción cuando se detecten irregularidades, ya que actualmente las sanciones no tienen la contundencia ni la regularidad necesarias.