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La Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional (ANAC) propuso y exigió al gobierno federal un protocolo de seguridad en casos de excepción para protección de los presidentes municipales que facilite la coordinación en la actuación de las policías y de los equipos de seguridad de los propios ediles.

En el marco de la XXIX sesión de su Comité Ejecutivo Nacional, los alcaldes albiazules anotaron que este protocolo debe promover la ayuda subsidiaria de los distintos cuerpos de policía, manteniendo y respetando las atribuciones de cada uno; y permitir el establecimiento de bases sólidas para la profesionalización de los responsables de la seguridad de los alcaldes.

El presidente municipal de Saltillo, Coahuila, Isidro López Villarreal, como representante de la ANAC, destacó que hoy más que nunca se vuelve indispensable que la Secretaría de Gobernación, junto con la Conferencia Nacional de Municipios de México, construyan de manera conjunta e inmediata este protocolo.

“Es fundamental el respeto pleno al Estado de derecho en todo el territorio nacional y que los ediles emanados de todos los partidos políticos gocen de las garantías necesarias para el buen desempeño de su función gubernamental”, aseguró.

López Villarreal detalló que de 2006 a la fecha han sido victimados 34 alcaldes en funciones, 15 ex alcaldes y seis electos, siendo los estados con más riesgo para los municipales: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz; seguidos por Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas.

“La ANAC hace votos para que la salud e integridad de todos los involucrados sean la prioridad para todas las autoridades, a pesar de que se han hecho públicos avances en el tema”, anotó el alcalde.

Los más de 50 alcaldes albiazules asentaron que es urgente que el gobierno federal implemente protocolos de seguridad para todos los alcaldes del país, y no sólo para quienes son gobernados por aquellos que pertenecen al partido de la administración federal actual.

En entrevista, el presidente nacional de la ANAC, Renán Barrera Concha, comentó que anteriormente ya se había planteado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la necesidad de contar con un protocolo de acción en los municipios y para alcaldes que se encuentran en zonas vulnerables por la presencia de la delincuencia organizada, sin que ello obligue a “quedar subordinados al gobierno estatal”.

Refirió que el atentando contra la alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, Leticia Salazar, es una “advertencia” de la urgencia que hay en tener coordinación en seguridad entre los municipios y el Ejecutivo federal.

“Estamos hablando de que son alrededor de 40 municipios que están detectados con alta peligrosidad. Lo que se pretende es que el presidente municipal tenga una relación directa con el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. Hasta esto momento no hemos tenido respuesta ni la disposición para que haya un acuerdo así”, asentó.

El panista indicó que es indispensable tener un diálogo directo para poder externar cuando algún alcalde este siendo amenazado, chantajeado o presionado por parte de la delincuencia organizada, con la intención de que los municipales puedan seguir sus funciones, dado que estos grupos criminales en su mayoría son “superiores” a la fuerza pública que como alcaldes se tiene.

“En febrero firmamos un convenio con la Conago en estos términos, y ahora lo que buscamos es que podamos establecer comunicación con el gobierno federal, sin que sea unilateral, pues no hemos quedado buscando seguir con la agenda que ya se había pactado hace año y medio, y que contemplaba el tema. Estamos esperando respuesta desde hace 10 meses, ya que no debe ser un tema de partido ni colores”, señaló.