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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a crear un fondo de recuperación del dinero de los ahorradores de Ficrea, constituido con los recursos incautados de Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien fungía como socio mayoritario.

También solicitó una reunión de trabajo con los titulares de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros(Condusef), Mario Di Costanzo Armenta; de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé; y a la subprocuraduría Jurídica de la PGR, Mariana Benítez, para que expongan el avance en las investigaciones que dieron origen al proceso de disolución y liquidación de Ficrea.

Asimismo, la Comisión Permanente pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) invalidar la resolución tomada el 23 de diciembre de 2014, por el que se dio inicio al proceso de disolución y liquidación de la sociedad afectada.

Mientras que la Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá investigar la probable red de corrupción que pudiese existir entre funcionarios del área de inteligencia financiera tanto de la SHCP como de la PGR que, de acuerdo con información publicada en medios de comunicación, pudieron incurrir en una serie de extorsiones a cambio de mantener las operaciones ilegales de Ficrea.

La reunión de trabajo entre los legisladores y los funcionarios públicos fue aprobada por unanimidad en pleno de la Comisión Permanente, dado que tendrá como objetivo conocer quiénes son indagados y cuáles serán las consecuencias penales en contra de los que llevaron a la quiebra a Ficrea.

Durante su exposición, el diputado perredista Trinidad Morales indicó que entre las causas que originaron la liquidación de Ficrea, se encuentran los actos de negligencia de la CNBV, pues la entidad “no detectó” a tiempo las irregularidades financieras en las que incurrió la sociedad popular durante muchos años.

“Las razones que dieron origen a su proceso de disolución y liquidación ponen en jaque no sólo al sistema financiero de nuestro país, sino a las propias autoridades gubernamentales encargadas de prevenir que se cometan este tipo de delitos”, sostuvo, y calificó el presunto fraude como “un hecho injusto que raya en la crueldad” en contra de los afectados.