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Este primero de marzo inicia su trabajo en México el grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) como parte del acuerdo de cooperación técnica para evaluar las investigaciones del gobierno federal en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre pasado.

Por ello, las organizaciones civiles Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso, el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos y Robert F. Keneddy Human Rights pidieron al gobierno mexicano atender cada una de sus recomendaciones.

El 12 de noviembre de 2014 el gobierno mexicano, los familiares de los estudiantes desaparecidos y organizaciones civiles firmaron con la CIDH un acuerdo mediante el cual aceptaron la creación del referido grupo conformado por los especialistas Alejandro Valencia Villa, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Carlos Martín Beristáin, a fin de elaborar planes de búsqueda en vida de los estudiantes desaparecidos y el análisis técnico de las líneas de investigación.

En un pronunciamiento conjunto, dichas organizaciones señalaron que la llegada de este grupo ocurre luego de que la PGR diera a conocer su “verdad histórica” sobre los hechos en el sentido de que los estudiantes desaparecidos habrían sido asesinados y sus restos incinerados en Cocula, Guerrero.

Tales afirmaciones, indicaron, han sorprendido a toda la comunidad internacional interesada en que las investigaciones sean serias, respetuosas del sufrimiento y expectativa de justicia de los familiares.

Consideraron que los expertos deben contar con los recursos materiales y humanos necesarios para emitir sus conclusiones con total autonomía.