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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que existen los elementos suficientes para que el caso de los 43 normalistas desaparecidos sea tratado como un crimen de lesa humanidad, por lo que hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación a reclasificar los delitos de delincuencia organizada y homicidio por desaparición forzada, ya que esta última falta no prescribe.

“Respetando la independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales, con base en los estándares internacionales y en la doctrina del control de constitucionalidad respaldada por la Suprema Corte de Justicia, exhortamos a los jueces a que la investigación de los hechos de Ayotzinapa sea realizada bajo la modalidad de desaparición forzada”, mencionaron.

Al presentar su primer informe de trabajo en el que se evalúa la actuación del Estado mexicano en el caso Iguala, los expertos de la CIDH afirmaron que hasta el momento no han encontrado elementos suficientes para sostener que la Procuraduría General de la República (PGR) haya intentado detener las investigaciones.

A decir de Ángela Buitrago y Francisco Cox, dos de los expertos, la PGR intentó reclasificar los delitos por los que están acusados los implicados en la desaparición de los normalistas; sin embargo, el juez rechazó la petición.

“El licenciado a cargo de la investigación intentó clasificarlo como desaparición forzada, pero el juez desestimó dicha clasificación; vemos elementos que estructuran el delito de desaparición forzada”, dijo la abogada de origen colombiano.

Durante la conferencia en la que estuvo también Carlos Beristain, otro de los integrantes, se informó que por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya se solicitó una entrevista con el personal militar del 27 Batallón, ubicado en Iguala.

Lo anterior, luego de que los padres de los estudiantes normalistas han señalado que militares de ese batallón tienen un grado de participación en la desaparición de los estudiantes, al no intervenir de manera oportuna.

Enfatizó que toda la información con la que se cuenta para la investigación debe resguardarse para después contrastar la información del expediente con la que ellos recaben durante su permanencia en México.

“Teniendo en cuenta lo determinante que resultan los peritajes para la identificación de personas desaparecidas, consideramos necesario que se articulen medidas técnicas y de confianza mutua para asegurar la legitimidad de los resultados, que deben incorporarse integralmente en el expediente”, comentaron.

El grupo interdisciplinario explicó que es de suma importancia que se atienda a las víctimas; en ese sentido, el GIEI dijo que se evalúa la atención que han recibido los familiares por parte de las autoridades.

En su reporte, el GIEI indicó que ya se solicitó a la PGR una copia del expediente en forma digital, así como gestionar por medio del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) —que tiene vínculo con los satélites de otros países—, las fotografías del basurero de Cocula.

“Luego de consultar a varios expertos, el GIEI recomienda que en las búsquedas de otros posibles lugares de fosas se considere el uso de tecnología láser (LIDAR) para identificar perturbaciones en el terreno de los alrededores de Pueblo Viejo, La Parota y otros lugares”, señala el informe.