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En el país hay un registro de 23 mil 271 personas extraviadas o desaparecidas y la Unidad Especializada de Búsqueda de la Procuraduría General de la República (PGR) está realizando investigaciones para localizar a sólo 621 personas, dio a conocer Eliana García Laguna, encargada de despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.

Informó que de junio de 2013 al 16 de enero de 2015, esa instancia ha localizado a 102 personas, 72 de ellas con vida y 30 fallecidas.

Detalló que de ese total de desapariciones 85 fueron efectuadas por particulares y en 17 casos participaron autoridades municipales, estatales, pero también federales.

La funcionaria especificó que la mayoría de los casos de desaparición que investiga se cometieron en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Distrito Federal, Chihuahua, Coahuila y el estado de México. Argumentó que en 520 expedientes se trata de hombres y 101 de mujeres, y que la edad de las personas en esa condición oscila entre los 19 y los 53 años.

Al participar en el Foro sobre Desaparición Forzada de Personas, organizada por el diputado federal del PRD, José Luis Esquivel Zalpa, la encargada de despacho de dicha oficina de la PGR aseguró que la mayor parte de las desapariciones que hay en el país son cometidas por particulares y no por autoridades, según el seguimiento que se les ha dado.

Sin embargo, reconoció que las procuradurías estatales no ofrecen datos confiables, que hay desconfianza y falta de credibilidad de los familiares hacia las instituciones y que todas las acciones gubernamentales son insuficientes mientras no se informe a los familiares cuál es el paradero de sus seres queridos.

García Laguna informó que a finales del presente año se podrá poner en marcha una base de datos ante y post mortem para agilizar la búsqueda de personas, en la cual la PGR y las procuradurías estatales cruzarán datos sensibles de las personas —incluyendo los de filiación, ADN y hábitos— con los registros de personas fallecidas no identificadas.

Explicó que dicha base de datos fue elaborada por la Cruz Roja Internacional y que en este momento se está en la fase de capacitación de funcionarios, así como en la captura de información.

Informó que por ahora se cuenta con una base de datos de 18 mil 821 perfiles genéticos y 7 millones de huellas dactilares, aunque estas últimas son sólo de personas mayores de 18 años de edad.

Agregó que en la siguiente reunión de procuradores del país también se tendrán listos los protocolos homologados de búsqueda de personas desaparecidas y de identificación de la tortura y que se elaborará un Programa Nacional de Capacitación de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional, dudó que en la mayoría de los casos de desaparición no estén involucradas las autoridades, pues destacó que si la problemática ha crecido ha sido porque hay intervención directa o indirecta de servidores públicos de todos los niveles.

Yolanda Mora, coordinadora general de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, y Víctor Rolón, coordinador de familiares desaparecidos, insistieron que las autoridades simulan la búsqueda de las personas desaparecidas dado que no tienen voluntad de atender este problema.

Recalcaron que no hay protocolos de búsqueda adecuados ni padrones confiables, por lo que han sido los propios familiares los que han asumido las investigaciones para encontrarlos.

Agustín Lara Godoy, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), urgió a que se apruebe “cuanto antes” una Ley General contra las Desapariciones Forzadas a fin de contar con mejores herramientas de búsqueda.

Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, destacó que en el caso de Rosendo Radilla, desaparecido durante la guerra sucia de los años setenta, hay una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos “que se ha incumplido porque hasta la fecha no sabemos cuál es su paradero”.

El diputado José Luis Esquivel aseguró que en el próximo periodo ordinario de sesiones se dará celeridad a la discusión y aprobación de las reformas legales en materia de desaparición.