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Padres de familia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa repudiaron la forma como la Procuraduría General de la República (PGR) pretende cerrar este caso debido a que no hay evidencias científicas ni certeza jurídica de que los jóvenes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula; además, consideraron que la sorpresiva conclusión de las investigaciones tiene razones políticas y electorales.

Criticaron que la mayor parte de las pruebas aportadas por la PGR estén sustentadas en las declaraciones de los presuntos implicados, quienes además pudieron haber confesado bajo tortura.

Anunciaron que debido a que este caso podría quedar impune, denunciarán al Estado mexicano ante el Comité Sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante el cual comparecerán el próximo 2 de febrero en Ginebra, Suiza.

En conferencia de prensa, Felipe de la Cruz, representante de los padres de familia, manifestó que no van a permitir que se cierren las investigaciones “con la sola declaración de los asesinos”. Dijo que mantendrán su lucha “hasta las últimas consecuencias”.

El abogado Vidulfo Rosales expresó que hay prisa del gobierno federal por dar carpetazo a este caso ante el proceso electoral de este año. Insistió en que la investigación no puede concluir, porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula, y sólo se ha comprobado la muerte de Alexander Mora, uno de los jóvenes.

Expuso que por este hecho la acusación de la PGR por el delito de homicidio en contra de los presuntos responsables es “es muy débil, ya que el cuerpo del delito no está acreditado, no hay evidencias científicas de que los muchachos estén muertos”.

Dijo que los familiares no aceptarán los resultados de los dictámenes de la PGR hasta que sean validados por expertos independientes y el equipo argentino de Antropología Forense.

Dijo que tampoco se ha aclarado el homicidio del estudiante Julio César Mondragón, cuyo cuerpo desollado fue encontrado en la zona donde ocurrieron los hechos. Agregó que siguen prófugos 11 de los 15 que según la PGR participaron en los hechos de Cocula, además de que esta dependencia no ha logrado que se enjuicie a los presuntos responsables por el delito de desaparición forzada.

Agregó que tampoco se ha indagado sobre la responsabilidad del Ejército, pese a los testimonios que señalan la intervención de miembros del 27 Batallón en Iguala.

Destacó que además de recurrir a la ONU esperarán la verificación técnica de las investigaciones de la PGR que hará el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Esta revisión es indispensable porque sabemos que encontrarán muchas irregularidades”, señaló.