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Ginebra, Suiza.— Hoy, los políticos no serán los protagonistas de una de las sesiones que se realizarán en el Palacio de las Naciones. Esta vez serán los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa sobre los que se hablará durante la reunión que llevará a cabo el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre México.

El recién nombrado ombudsman nacional, Luis Raúl González, será otro de los presentes en el Palacio de las Naciones de Ginebra. Él presentará un informe-diagnóstico al que tuvo acceso EL UNIVERSAL en el que denunciará que “la desaparición forzada constituye un grave peligro para México”.

Además de denunciar la impunidad existente y el empeoramiento de la situación con la aparición de numerosas fosas, señalará que “los hechos evidencian la falta de congruencia entre lo dispuesto por las normas y la realidad”.

La sesión comenzará con un minuto de silencio en recuerdo a los miles de ciudadanos mexicanos que continúan desaparecidos, contará con la presencia de numerosos políticos mexicanos encabezados por Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como gobernadores y representantes de las Fuerzas Armadas.

El subsecretario tendrá la misión de explicar al comité de la ONU por qué se ha cerrado el caso de los 43 normalistas, lo mismo que la situación de los derechos humanos en México.

Los 10 delegados podrán hacerle preguntas de todo tipo: sobre Ayotzinapa, las numerosas narcofosas existentes en el país, la connivencia entre fuerzas policiales, gobiernos y cárteles del narcotráfico, sobre las acusaciones de torturas cometidas por algunos miembros del Ejército y del asesinato de Julio César Mondragón.

Algunos de los padres de los estudiantes que han viajado a Ginebra denunciarán ante el comité de la ONU formado por 10 expertos en derechos humanos de distintas nacionalidades, (entre ellos el español Juan José César Ortega) la desaparición de sus hijos. Felipe de la Cruz, Estanislao Mendoza, Cristina Bautista, Epifanio Álvarez y Vidulfo Rosales, aprovecharán para acusar al gobierno de Enrique Peña Nieto de cerrar la investigación sin haber encontrado a sus hijos.