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Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Sociedad Financiera Popular Ficrea, ya es fugitivo, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra por parte de un juez federal.

En conferencia de prensa, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dio a conocer la existencia del mandato judicial, a partir de que la PGR indagó las operaciones de Olvera Amezcua, quien es señalado por ahorradores como el principal responsable de un fraude por 2 mil 700 millones de pesos.

El funcionario mencionó que son varias las órdenes de aprehensión libradas por el juez en contra de otras personas que podrían estar implicadas en el caso, que afectó a más de 6 mil ahorradores.

“Se han solicitado al juez órdenes de aprehensión, las cuales ya tenemos liberadas. Algunas son principalmente en contra de Rafael Antonio Olvera Amezcua, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”, informó el mando policiaco.

Según información publicada por EL UNIVERSAL, Olvera Amezcua preparaba desde noviembre pagar unos 90 millones de pesos en sobornos a funcionarios de un área de inteligencia financiera por permitir las operaciones irregulares de Ficrea.

En el audio difundido por esta casa editorial se escucha la conversación de dos personas cercanas a Antonio Olvera. Al parecer uno de ellos sería Ricardo Tinoco Ortega, director general de Jackmans Optics, otra de las compañías asociadas con Leadman.

Durante la conversación entre los hombres identificados como Richard y Carlos se escucha cómo ellos presuntamente repartirían los sobornos a seis funcionarios federales, entre los que mencionan a Joel, Hugo e Iván, quienes serían abogados y un fiscal en funciones.

Ayer por la tarde, ahorradores defraudados por Ficrea solicitaron una audiencia con el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para pedirle que se investigue a las autoridades regulatorias del sistema financiero por su opacidad en el caso.

Luego de manifestarse frente al edificio de la PGR, una comisión de 15 personas fue recibida por el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Rodrigo Archundia Barrientos.

Los manifestantes exigieron la detención de los responsables del fraude, así como investigar a funcionarios de la Secretaría de Hacienda (SHCP), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Condusef.