[email protected]  

Eficacia, falta a la Ley General de Trata de Personas, y para ello, cuatro comisiones del Senado trabajan para darle claridad en artículos fundamentales, en los que hay disposiciones que causan confusiones y propician discrecionalidad de ministerios públicos y jueces, dijo la senadora Adriana Dávila Fernández (PAN).

Por tráfico de drogas y de armas hay unos 50 mil sentenciados, y aunque la trata de personas sigue en gravedad, México sólo reporta 143 casos, y a fin de mejorar la ley que entró en vigor en 2012, el Senado aprobó reformas que envió a la Cámara de Diputados, donde tuvo ajustes que ahora revisa.

Diversos cambios introducidos en la minuta en San Lázaro son intransitables por tratarse de aberraciones técnicas y por apartar el proyecto del propósito central de dar eficacia y claridad al ordenamiento, afirmó Dávila Fernández, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas.

La panista, la comisión senatorial que encabeza, así como las de Justicia, Estudios Legislativos y Derechos Humanos, generaron un proceso legislativo intenso, con la realización de casi medio centenar de reuniones de diverso alcance con la gama de interlocutores de la problemática de la trata de personas, y concluyeron que la ley vigente tiene 73 errores y los más graves están en dos artículos de la columna vertebral jurídica.

Aunque la reforma a la Ley General de Trata de Personas es un objetivo compartido con Angélica de la Peña (PRD), Lucero Saldaña, Margarita Flores, Diva Gastélum (PRI), Luisa María Calderón (PAN), entre otros legisladores que han sido el motor del consenso al proyecto, para Dávila Fernández es el foco único de acusaciones de que ella pretende modificaciones a favor de los delincuentes.

En entrevista, la presidenta de la Comisión de Trata de Personas expuso que “nuevas atribuciones que introduce la Cámara de Diputados (a la reforma devuelta al Senado) beneficiarían a los tratantes”, al castigar sólo la explotación, por ejemplo.

“Jugaron con la Cámara de Diputados”, quienes los asesoraron para modificar la minuta del Senado, y devolver cambios que de ninguna manera se pueden aceptar, como es incluir una fe de erratas en el cuerpo de un artículo, el 10. Hay una estrategia, sin duda, dijo, de forzar al Congreso a no aprobar cambios a la ley vigente.

Incluso, parte de la reforma tiende a armonizar la Ley General Contra la Trata, con la Ley General de Víctimas y el paquete de ordenamientos con los que ambas legislaciones se tocan.

Divergencias. En el proceso legislativo, señaló, surgieron diferencias de los senadores “con la señora (Rosi) Orozco, activista que fue legisladora, y sintió que le estábamos cambiando su ley y que era suya y que no podíamos cambiarla”.

Con cambios como los que regresó la minuta de la Cámara de Diputados, en consultas con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación, se advierte que sería “muy difícil” acreditar el delito de trata.

Hay duplicidad en artículos que señalan penas distintas por el mismo delito; para la reparación del daño se deja la puerta abierta para que el juez escoja entre tres fondos (secuestro, trata, víctimas), y si designa el último, con esta confusión, se propicia revictimizar a las víctimas.

Advirtió Dávila Fernández que dejar la ley como está, “beneficia todo tipo de intereses; hay de carácter mercantil, de algunos grupos que son muy perversos, porque utilizan a las víctimas como parapeto y reciben recursos internacionales y nacionales”.

Esos grupos “van con las procuradurías estatales y les dicen: ‘yo te voy a capacitar a todos tus ministerios públicos, y te cobro ocho mil pesos por persona’”.

Directivos de estas asociaciones civiles “viajan pagados a Estados Unidos, a todo el mundo, exponiendo sobre el tema de trata, y se llevan a sus familiares; tienen impunidad y lucran con las propias víctimas”.

Más todavía. Exponer a las víctimas a prácticas abruptas de justicia restaurativa, de encararlas con sus tratantes en la cárcel, “es abusar de la situación de vulnerabilidad” de quienes han padecido abusos, “y desde mi punto de vista puede considerarse también trata de personas”.

El afán del Senado es aplicar reformas que den claridad y eficacia a la legislación, y las senadoras activas en este tema llevamos a cabo un esfuerzo ético, y “no hemos lucrado en lo absoluto con este tema”.

Aseguró Dávila Fernández que jamás ha utilizado a una víctima, y “mucho menos” este tema, para hacer campaña política, a diferencia de otras activistas que fueron legisladoras, que para hacer propaganda gobiernista se llevaban a las víctimas a los mítines.