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El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alberto Bazbaz Sacal, rechazó que algunos funcionarios de esa área hayan recibido algún tipo de soborno para dejar operar a la Sociedad Financiera de Crédito Popular Ficrea, cuando ya estaba intervenida por las autoridades.

Durante su comparecencia ante la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso, Bazbaz dijo que en el telefonema donde se hace referencia a un presunto pago a funcionarios de una Unidad de Inteligencia Financiera para seguir dejando operar a Ficrea, no participa ningún funcionario de la Secretaría de Hacienda.

“Yo estoy seguro, es una afirmación categórica que ningún servidor público de la Unidad de Inteligencia Financiera, empezando por mí y todos los servidores públicos del área, ni en este ni en ningún caso anterior o futuro, ha tenido algún tipo de acercamiento, solicitud o recepción de algún tipo de bien de cualquier especie, para hacer o dejar de hacer cualquier cuestión relacionada directamente o indirectamente con la función”, dijo Bazbaz.

Agregó que no existe sólo una orden de aprehensión en contra del socio mayoritario de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, sino varias en contra de otros directivos de la Sofipo.

El 5 de enero, EL UNIVERSAL dio a conocer unos audios en donde el socio mayoritario de Ficrea presuntamente buscó pagar 90 millones de pesos en sobornos que le habrían solicitado funcionarios de una área de inteligencia financiera para mantener sus operaciones ilegales.

Las autoridades indicaron que éste audio aún no forma parte de las evidencias en la investigación que conduce la Procuraduría General de la República. El audio habría sido grabado en noviembre, mientras Olvera Amezcua estaba en Estados Unidos.

Bazbaz Sacal detalló que entre el 17 de octubre cuando se presentó la denuncia y el 6 de noviembre cuando se decretó la intervención de Ficrea, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia le dieron seguimiento a los saldos de Ficrea y el día de la intervención la cuenta de Ficrea tenía 400 millones de pesos.

Por lo tanto, la baja cantidad de recursos de Ficrea disminuía por si sola la existencia de posible corrupción.

Durante su comparecencia, Bazbaz Sacal detalló que la orden de aprehensión en contra del socio mayoritario de Ficrea no es por el fraude contra los ahorradores, sino por infracciones administrativas, delitos financieros y por el delito en particular de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Respecto a la salvaguarda de los bienes, reconoció el trabajo de la PGR para asegurar la cartera de crédito de Leadman, lo que servirá para pagarle a los ahorradores defraudados.